El TSJ sigue asfixiando a la capital por el «caso depuradora»

El Tribunal Superior emite un nuevo auto que apremia al pago de la sentencia

GUADALAJARA Actualizado:

El Tribunal Superior de Justicia de la región sigue dispuesto a apretar las cuentas económicas del Ayuntamiento de la capital. Ayer se desveló la existencia de un nuevo auto, el segundo tras otro emitido el pasado verano, en el que el TSJ insta al Ayuntamiento a abonar parte de la sentencia que el consistorio perdió contra unos particulares, a cuenta del precio que se apagó por las expropiaciones de terrenos de la ampliación de la Depuradora. Este auto va a obligar a que el Pleno, este viernes, modifique el capítulo de Inversiones previsto en el Presupuesto 2011, que se va a someter a su aprobación definitiva. Además, se va a aprobar el Pliego de Condiciones para contratar un nuevo crédito a largo plazo, porque el Ministerio de Economía ha desautorizado la última operación que el pasado año quiso emprender el consistorio, y que también estaba relacionada con la necesidad de pagar la sentencia.

El nuevo auto del TSJ obliga a pagar 2 millones de euros, que se suman a los 1'4 millones que había que abonar el pasado año, y que se iban a concertar con el citado crédito que fue rechazado. Por eso, el Ayuntamiento aprobará mañana un crédito de 3'1 millones, que se destinará por completo a pagar a los antiguos propietarios de los terrenos de la depuradora.

Sentencia incomprensible

La historia de la sentencia de la depuradora es uno de los capítulos más comprometidos de la historia reciente municipal. Se remonta a finales de 2009, cuando el TSJ dio la razón a los propietarios que habían reclamado por las cantidades abonadas en el proceso de expropiación a través de 7 sentencias que, en conjunto, supondrían abonar indemnizaciones por más de 30 millones de euros.

Fue en el año 2003 cuando, recién llegado a la Alcaldía el socialista Jesús Alique, el consistorio decidió avanzar en el proyecto de ampliación de la vieja depuradora de la ciudad, que también da servicio a Marchamalo. Este proyecto de ampliación nació de un convenio que ya había dejado firmado, a comienzos de ese mismo año, el entonces alcalde, José María Bris, del PP, con la Confederación Hidrográfica del Tajo. Un acuerdo que suponía que el consistorio pagaba el 15% y la CHT el 85% de una obra que se acercaba a los 30 millones de euros de coste. Para poder iniciar las obras (que no se inaugurarían hasta noviembre de 2008), era necesario, antes de nada, poner en manos de la CHT los terrenos donde se iba a producir la ampliación. Terrenos rústicos, que ya el Plan de Ordenación del año 2000 decidió que serían para este concreto uso: ampliar la depuradora.

Para conseguir los terrenos, el Ayuntamiento primero negoció sin éxito con los propietarios. Ante la falta de acuerdo, acudió a una expropiación con precios que determinó un Jurado de Expropiación Forzosa, que decretó la cantidad de 30 euros por metro cuadrado. Los propietarios recurrieron a los tribunales, y a finales del verano de 2009 comenzaron a llegar al Ayuntamiento las sentencias del TSJ, en una interpretación que causó incredulidad en todos los grupos políticos: El Tribunal valoraba el precio en más de 280 euros el metro cuadrado de terreno rústico, porque especulaba en su sentencia con que, quizá podría ser en el futuro suelo residencia. El precio que fijaba el TSJ hacía de facto, que fuera más caro el terreno, que la propia depuradora.

La sentencia del TSJ está recurrida ante el Tribunal Supremo, que admitió a trámite el asunto, pero que todavía no lo ha resuelto. No es por tanto firme, pero aún así, el tribunal regional ha dado la razón a los particulares, que solicitaron la ejecución cautelar de las indemnizaciones, situación que ahora afronta el Ayuntamiento, a la espera de que el Supremo modifique el que puede acabar siendo el mayor problema económico de la historia local para el consistorio.