Saboya sigue sin abonar los sueldos de Avicu, 3 años después

El empresario presenta un convenio de rescate, al que se oponen los administradores

ÓSCAR CUEVAS
GUADALAJARA Actualizado:

El conflicto de Avicu regresó ayer al primer plano de la actualidad informativa provincial. Y es que tres años después de aquella crisis laboral, que acabó con el cierre de la fábrica de Jesús María Saboya, el empresario sigue sin pagar a los aproximadamente 400 trabajadores a los que tuvo medio año sin cobrar sus nóminas.

Alrededor de 100 de esos obreros se manifestaron ayer frente al Juzgado de lo Mercantil de la capital, respaldados por los sindicatos UGT y CC.OO. Querían «meter presión» porque, en el interior del Juzgado se celebraba una vista entre la magistrada, los administradores concursales de la empresa, declarada en suspensión de pagos, y los abogados de la plantilla.

Ambas partes, administradores y trabajadores, se oponen a un proyecto de convenio que ya ha presentado el empresario Saboya. «Es un brindis al sol, que no va a garantizar la viabilidad del proceso, ni el cobro de las deudas que tienen los empleados», decía ayer José María Rey «Campano», el secretario provincial de Comisiones Obreras.

Al parecer, Saboya ha conseguido el 51% de las adhesiones pertinentes por parte de la empresa, lo que le permitiría rescatar la gestión de la fábrica, «pero ese convenio los administradores concursales no lo ven viable y nosotros tampoco», decía por su parte David Pinillos, secretario provincial de UGT.

A día de hoy, la plantilla sólo ha cobrado, de todas las deudas que acumulaba, la parte correspondiente al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). La empresa adeuda una media de 70.000 euros a cada empleado, según datos aportados por los sindicatos.

Tanto UGT como CC.OO se mostraron muy críticos con la vigente Ley Concursal, que ha permitido al empresario presentar un convenio de viabilidad para tratar de recuperar su empresa, sin haber abonado en todo este tiempo las importantes cantidades que adeuda. Los trabajadores exigen que la jueza de lo Mercantil decrete un embargo preventivo de los bienes preferentes, las instalaciones, para respaldar las cantidades que se les adeudan. «La perversidad de la Ley Concursal es esta. Te pueden dejar tres años de espera sin cobrar, y lo que queda», señalaba David Pinillos. «Es una situación de irresponsabilidad y alguna reflexión tendrán que hacer nuestros políticos para que esta Ley cambie», decía por su parte «Campano».

Ahora se abren dos opciones: Que el Juzgado valide el convenio de Saboya, o que lo rechace, y comience el procedimiento de liquidación.