Sindicatos y oposición, en pie de guerra contra los «privilegios» de los altos cargos de Page

Esta situación ha puesto en pie de guerra a la oposición política en las Cortes regionales e incluso a los sindicatos con representación en la Administración porque, en su opinión, esta medida supone una serie de «privilegios» para los altos cargos socialistas del Gobierno de García-Page . Un malestar que quedó evidenciado este lunes en el Parlamento autonómico.

Allí los sindicatos de la Función Pública -CCOO, CSIF, FSES, UGT, STAS y UGT- registraron un escrito dirigido al Grupo Parlamentario Socialista pidiéndole que retire la enmienda a la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias. Así lo expresaron, en declaraciones a los medios de comunicación, los representantes de los distintos sindicatos a las puertas de las Cortes.

Una de esos cargos sindicales fue la portavoz del Área Pública de CCOO en la región, Mercedes Gómez , quien instó al PSOE a «repensar» la enmienda de consolidación de grado y a que el Gobierno regional la lleve a la mesa de negociación. Gómez incidió en que la enmienda establece «consolidar el componente de altos cargos» y lamentó que supone un incremento de la partida presupuestaria, al mismo tiempo que resta calidad a los servicios públicos e impide la posibilidad de mejora de las condiciones laborales y retributivas de los funcionarios.

En la misma línea, el representante de CSIF Gratiniano Lozano señaló que esto es «una gota más» en las políticas del PSOE de «ventajas para los altos cargos» tras la aprobación del Estatuto del Directivo Profesional y una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que aumenta en 5,5 millones de euros el presupuesto para altos cargos.

El representante de la Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad (FSES) y presidente de ANPE , Ramón Izquierdo, criticó la medida porque,a su juicio, «viene a coartar y a dar una ventaja a aquellos que desempeñan cargos políticos respecto al resto de funcionarios sanitarios y docentes que no tienen carrera profesional». Por tanto, dijo que se puede dar la situación de dos docentes que hagan el mismo trabajo pero uno cobrando «muchísimo más» por haber sido unos años cargo político, hasta entre 400 y 500 euros más por nómina «como mínimo», resaltó.

También el secretario regional del Sector Autonómico de UGT , Luis Manuel Monforte, denunció que la propuesta del PSOE es «una vergüenza» porque mientras las organizaciones sindicales reclaman por la falta de personal «grave», el PSOE «cuela por la puerta de atrás, vía enmienda, una medida que implica aumentar el presupuesto en gasto de personal en un porcentaje elevado».

Monforte recordó que esta enmienda ya fue retirada hace unos dos años e insistió en la necesidad de negociarla, un hecho que también subrayó el representante de STAS-Intersindical Gustavo Fabra , quien afirmó que fue «un escándalo a nivel nacional».

Fabra tildó de «indignante» el comportamiento del Consejo de Gobierno y del grupo socialista en las Cortes por su mayoría absoluta y «por soberbia». Además, aseguró que esta enmienda no ha sido debatida ni se ha entendido en los centros de trabajo, sino que más bien «se ve como una agresión» y como «un lastre» para la Función Pública .

«Se está atacando la carrera profesional de los empleados públicos, creando una casta de expolíticos que van a ir recayendo en los puestos más altos y estratégicos de la Junta solo por el hecho de haber sido nombrados antes por un cargo político», manifestó el representantes del STAS.

En este punto, explicó que afecta a directores generales, a jefes de gabinete, concejales y alcaldes liberados y exigió «transparencia» al Gobierno regional y que diga «cuánto cuesta esta medida», que advirtió de que se pagará con «privatizaciones».

Por todo ello, Fabra anunció que los empleados públicos llevarán a cabo este miércoles concentraciones en todas las capitales de provincia , para exigir que al día siguiente no se apruebe esta medida en el pleno de las Cortes regionales.

Pero los sindicatos no están solos en esta lucha, ya que desde los partidos de la oposición también han criticado esta medida. Entre ellos, como no podía ser de otro modo, destaca el Partido Popular, cuya presidenta del grupo parlamentario, Ana Guarinos, quien anunció que su formación «va a estudiar todo tipo de actuaciones» en relación con la enmienda del PSOE que establece «privilegios vitalicios para los altos cargos» de Castilla-La Mancha.

« No tiene sentido que el Gobierno dé el visto bueno a una enmienda sin saber cuánto va a costar y a cuántas personas va a afectar . Esto es motivo suficiente para ir a los juzgados a decir que las cosas no se pueden hacer así», manifestó Guarinos. De esta forma, la parlamentaria criticó que «la enmienda de la vergüenza» se haya hecho sin contar con los empleados públicos, pues no ha convocado la Mesa General de la Función Pública, y sin tramitarla como Proyecto de Ley, pues para ello precisa del dictamen del Consejo Consultivo.

Dicho esto, y tras volver a denunciar que dicha enmienda al Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha se publicó «con carácter previo a un puente festivo con premeditación y alevosía y por la puerta de atrás», Guarinos señaló que se trata de la «II Fase de NesPage», pues el Gobierno regional ya tuvo que retirar en el año 2017 una enmienda similar cuando PSOE y Podemos trataron de introducir una medida que pretendía consolidar privilegios para aquellos funcionarios que hubieran sido altos cargos del Ejecutivo castellanomanchego.