Los repobladores de Fraguas, condenados a año y medio de cárcel

En principio, la pena de año y medio les evita entrar en prisión a los condenados. Sin embargo, desde el colectivo «Fraguas Revive» ya adelantan que no podrán pagar el dinero que se les exige. En ese caso, la pena aumentaría a tres años de cárcel y los okupas sí que acabarían entre rejas. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que ha ejercido como acusación particular, guarda silencio de momento.

«Nos ha sorprendido muchísimo, pensábamos que podíamos tener la absolución porque tenemos argumentos de peso a nuestro a favor. Con esta sentencia nos queda clara la actitud de la Junta de Castilla-La Mancha frente a iniciativas para combatir la despoblación del mundo rural. Han querido ponernos un castigo ejemplarizante», afirmó este viernes Jaime Merino, portavoz de los condenados, a «El Confidencial». También dijo que van a presentar un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Guadalajara.

Antes de la okupación, Fraguas llevaba deshabitado casi medio siglo . En concreto, desde 1968 cuando hubo una expropiación forzoza por parte del régimen de Franco, que lo cedió al Ejército para que hiciera maniobras militares.

En la sentencia se explica que Fraguas se asienta sobre suelo rústico no urbanizable de especial protección. A ello se añade que los repobladores sabían que no tenían autorización administrativa y que las obras que estaban realizando no eran autorizables. Pese a todo, siguieron adelante. Con lo cual han cometido un delito de usurpación y contra la ordenación del territorio.

En un principio, la Junta de Castilla-La Mancha pedía para los acusados una pena de cuatro años y cuatro meses de cárcel, además de una indemnización de 10.000 euros por cabeza. Sin embargo, esa petición se rebajó después hasta los dos años.

Mientras tanto, el colectivo «Fraguas Revive» ha estado tratando de ejercer presión social. La semana pasada, por ejemplo, entregaron más de 73.000 firmas de apoyo ante la Delegación de la Junta en Guadalajara.

No ha servido de nada porque el fallo judicial es implacable. «Por muy loables que puedan resultar los fines de los acusados de rehabilitar y repoblar una zona que presenta graves problemas de despoblación, dichos fines no pueden justificar los medios que han empleado», se lee en la sentencia.