La rebelión de Castilla-La Mancha contra los okupas llega a las puertas del Congreso de los Diputados

Algo para lo cual esta semana les ha salido un poderoso aliado, el Gobierno de Castilla-La Mancha , que ha dado un ultimátum hasta el mes de diciembre para que el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez tome cartas en el asunto. Una fecha que no es casual, pues será entonces cuando se cumpla un año desde que las Cortes regionales aprobaran la Proposición de ley contra la okupación ilegal de viviendas. «No hemos tenido una contestación y en próximos meses tenemos que tenerla. No lo voy a dejar, los ciudadanos tienen derecho a vivir en sus viviendas», afirmó el presidente de la comunidad, Emiliano García-Page .

De no obtener una respuesta del Gobierno central, el Ejecutivo castellanomanchego llevará esta norma a una futura conferencia de presidentes autonómicos. De no encontrar solución en este foro, plantearía la ley en el Congreso de los Diputados para su debate parlamentario. «Hay un problema de orden público y requiere de cambios de estrategias normativas. Es llamativo que abordemos la despoblación y al mismo tiempo la okupación ilegal. No deja de ser paradójico: los que se van y abandonan los pueblos y los que vienen por la puerta de atrás dando una patada a la puerta. Es un problema de Estado que debe actualizarse sin demagogias ni cortapisas», manifestó García-Page.

Este sábado, delante del Congreso de los Diputados , se dieron cita un buen número de personas hartas de los problemas que está generando la okupación en sus pueblos y ciudades. Hasta la manifestación, entre otros muchos, se desplazó Fernando García, el presidente de 'Defiende Horche'. «Con esta protesta esperamos crear conciencia tanto a nivel social como político, ya que la ley protege más al okupa que al ciudadano que sufre sus consecuencias», se lamenta este vecino del municipio de Guadalajara afectado seriamente por este fenómeno.

Horche lleva desde hace unos ocho años arrastrando esta problemática, «pero la situación se ha hecho casi insostenible coincidiendo con la pandemia», explica a ABC Fernando García, quien asegura que «cada vez hay más okupas». Algo que corrobora el alcalde, José Manuel Moral Calvete , quien afirma que, debido a ello, «se ha roto la paz social en el pueblo y cada vez son más numerosos los delitos tanto de hurtos como de robos, peleas o tráfico de drogas». De hecho, según cuentan, este mismo verano se produjo un alunizaje en el estanco de la localidad. Todo ello en una localidad de 2.500 habitantes y con un claro déficit de recursos policiales.

Por eso Moral Calvete también se quiso sumar a la manifestación «como vecino y como responsable del pueblo». El alcalde se muestra impotente por no poder hacer más de lo que están haciendo hasta ahora en Horche, donde son unos 200 los okupas que hay entre 50 y 60 viviendas de dos promociones de pisos propiedad de Servihabitat , inmobiliaria de CaixaBank, que no se llegaron a vender en su totalidad.

La entidad financiera ya ha recibido numerosas quejas tanto de particulares como del ayuntamiento por esta situación ya que, según el regidor horchano, «no han hecho nada por la vigilancia ni el control de las casas». Incluso, llega a decir que CaixaBank puso en alquiler social estas viviendas sin contar con el permiso municipal.

El alcalde y el presidente de 'Defiende Horche' denuncian que esa dejación de funciones de la propiedad en esa promoción de viviendas es la que ha servido de «efecto llamada» para los okupas. Todos ellos, según dicen, proceden de Madrid y de otras comunidades y se comportan como «mafias», que se dedican a okupar las casas y a alquilarlas a otra gente, conectándose de manera ilegal a la luz y al agua.

«Existe un limbo legal, algo de lo que se está aprovechando esta gente que vive cómo quiere; y el pueblo está ya harto de esperar soluciones», expresa desesperado Fernando García como representante de la asociación vecinal. Formada por unos 700 socios, se creó para protestar y concienciar a la opinión pública de lo que supone esta problemática.

Aunque, quizá, la manifestación de este sábado sea la más mediática. No es la primera protesta de 'Defiende Horche', que ya ha sacado este verano a las calles de su municipio a sus vecinos, desesperados ya por lo que están viviendo, incluso algunos de ellos con tratamiento psicológico.

Sin embargo, el caso de Horche no es excepcional en un territorio como Castilla-La Mancha. En la región son varios los pueblos y localidades que sufren algún episodio de estas características. Una de las comarcas más castigadas por la okupación es La Sagra, entre la provincia de Toledo y la de Madrid. Allí, debido a la cercanía a la capital y al gran número de viviendas que no se vendieron durante el «boom inmobiliario», proliferan los okupas.

Un ejemplo de ello es Villaluenga de la Sagra , municipio de unos 4.000 habitantes, donde durante el verano han vivido dos okupaciones en una promoción antigua de viviendas situada en la calle del Madroño. De las 30 casas deshabitadas que hay, 10 están okupadas. Esto genera un malestar en los vecinos, con los que los okupas, que aparecen y desaparecen del pueblo, han tenido algún altercado, según relata a ABC el alcalde, Carlos Casarrubios.

Da la casualidad que el cuartel de la Guardia Civil se encuentra a unos 200 metros del lugar, pero «hacen lo que pueden», asegura el edil. «El problema no es la okupación en sí, sino que los que llegan son unos delincuentes», subraya Casarrubios, que cuenta que el ayuntamiento ha llevado a cabo cortes de luz y agua, incluso se ha producido un lanzamiento judicial, pero han vuelto pese a ello.

El propietario de las viviendas de Villaluenga de la Sagra es la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria , más conocida por su acrónimo Sareb. El consistorio le ha notificado la situación que se está sufriendo y la entidad financiera ha presentado ya varias denuncias, que se encuentran ahora al inicio de un proceso judicial. A la espera de una resolución, la propiedad ha puesto alarmas en las casas que aún están deshabitadas.

«Entiendo el malestar de los vecinos, pero de momento no podemos hacer más», señala el regidor villaluenguero, que se ha reunido varias veces con los afectados. Por eso, Carlos Casarrubios apunta a una legislación que regule la okupación como la solución a este problema, y se muestra de acuerdo con el ultimátum que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha hecho llegar al Ejecutivo central para ello.

Donde sí han conseguido, de momento, ganar la batalla a la okupación es en Almonacid de Toledo . En este pequeño municipio de 810 habitantes y próximo a la capital toledana, es la primera vez que sufren un episodio de estas características. Así lo relata a ABC la alcaldesa, María Almudena González. Durante el primer fin de semana de este mes, consiguieron echar a los okupas que llegaron entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre.

González dice que son unas 6 o 7 las familias de etnia gitana procedentes de otro lugar las que se instalaron en cuatro chalés adosados. Son de una promoción de viviendas libres propiedad de Ibercaja que no están abandonadas; están aún en venta a un precio de entre 70.000 y 75.000 euros. «En cuanto llegaron, lo hicieron con una actitud beligerante», afirma la alcaldesa, a la que amenazaron con quemar su casa, según cuenta.

Ante la denuncia hecha por la regidora, la entidad financiera ha procedido a tabicar las puertas y las ventanas de las viviendas. Pero lo que fue decisivo en la resolución del conflicto fue la rápida reacción vecinal. Así, en la tarde del 3 de septiembre, cinco días después de las okupaciones, sin previo aviso ni autorización, unos 400 vecinos -la mitad de la población de Almonacid de Toledo- se echaron a la calle para protestar por la llegada de los okupas.

Según la alcaldesa, «fue necesaria la presencia de varias dotaciones de la Guardia Civil e incluso antidisturbios, porque los ánimos estaban muy caldeados y alguno de los okupas intentó atropellar a uno de los manifestantes». Gracias a la presión vecinal, al día siguiente las personas que okuparon las cuatro viviendas de Almonacid se marcharon y no se ha vuelto a saber más de ellas.

Lo que está claro es que los municipios que sufren las consecuencias derivadas de la okupación no entienden de colores políticos, pues entre ellos los hay gobernados por el PSOE -como es el caso de Horche y Villaluenga de la Sagra-, del PP -como Almonacid de Toledo- u otros partidos. Un buen ejemplo es la frase con la que responde el alcalde socialista de Horche a la pregunta de qué le diría al presidente Pedro Sánchez : «Mi partido es mi padre y mi madre. Yo, el problema lo tengo en mi pueblo y me debo a mis vecinos. Por eso pido un cambio legislativo urgentemente porque es una vergüenza que, mientras unos ciudadanos pagan religiosamente sus hipotecas, otros den una patada a una puerta y se cuelen en sus casas».