Nuevo paso para recuperar un órgano de control fiscal «independiente» en Castilla-La Mancha

Así lo ha anunciado en una rueda de prensa posterior el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina , que ha adelantado que el siguiente paso de este anteproyecto de ley es el estudio previo del Consejo Consultivo, que remitirá de nuevo esta iniciativa legislativa al Consejo de Gobierno para su aprobación y posteriormente llegará a las Cortes para ser aprobada definitivamente.

«Esperamos que se apruebe en el mes de julio y, si no, en el segundo periodo de sesiones, antes de fin de año», ha manifestado Ruiz Molina, que ha destacado en este sentido la actividad legislativa de este gobierno. Así, ha recordado que este miércoles se llega a la mitad de la legislatura y se aprobará en el Consejo de Gobierno la ley por la que se crea el Colegio Oficial de Licenciados y Graduados en Ciencias Ambientales de Castilla-La Mancha, sumando 20 leyes en dos años, de las cuales la mitad han partido de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas .

Por lo que se refiere al anteproyecto de ley de la Cámara de Cuentas, el consejero ha subrayado que esta iniciativa es «fruto del compromiso del presidente García-Page de crear un órgano de fiscalización interna». Por eso, ha indicado que sus funciones pasarán por el control de las finanzas y del gasto del dinero público, algo con lo que Castilla-La Mancha se suma a otras 12 comunidades autónomas que ya cuentan con un organismo de este tipo.

Según ha explicado, este órgano tendrá autonomía presupuestaria y dependerá de las Cortes, y no del Gobierno de Castilla-La Mancha para responder a los criterios de «transparencia y eficacia». Ruiz Molina ha querido dejar claro que «es por tanto el Gobierno el primer interesado en rendir cuentas».

De este modo, la futura Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha ejercerá un control fiscal sobre el Gobieno autonómico, las Cortes regionales, las entidades locales, el Consejo Consultivo y la Universidad de Castilla-La Mancha . Pero, además, controlará a las personas físicas y jurídicas, a las empresas adjudicatarias de concursos públicos y a los partidos políticos que reciben subvenciones de procesos electorales.

En cuanto a su estructura, estará formada por una presidencia, por unos auditores y, por último, por una secretaría general. El presidente, al igual que el resto de cargos, será elegido por la mayoría de las Cortes y será un profesional «autónomo e independiente» que tendrá un mandato de seis años, prorrogables por otros seis.

Del mismo modo, tal y como ha señalado el consejero, este órgano también realizará una labor de asesoramiento a las Cortes y al Gobierno de Castilla-La Mancha en materia fiscal, financiera y contable, además de llevar a cabo la instrucción de procesos de enjuiciamiento. «Todo ello en coordinación con el Tribunal de Cuentas », ha apuntado Ruiz Molina, que ha afirmado que todo ello busca «fortalecer el control democrático de la función pública».