Nuevo enfrentamiento en las Cortes por la Ley de Tributos

Ante este rechazo, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Francisco Cañizares , ha asegurado hoy que el presidente de la Junta, Emiliano García-Page, es «un pequeño dictador» por no admitir 47 de las 61 enmiendas que había presentado el PP a la ley tributaria.

«Es un hecho gravísimo no dejar hablar al Partido Popular con unas enmiendas que piden unos tributos como los que tienen otras comunidades autónomas , en particular la limítrofe de Madrid, y que son similares a algunas que el PSOE planteó la legislatura pasada», aseguraba Cañizares.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular cree que Page va a freír a impuestos a los ciudadanos de la región para tapar el agujero de 600 millones de euros que ha creado en solo seis meses.

Considera que en Castilla-La Mancha se está produciendo el denominado «efecto frontera» debido a que los empresarios y ciudadanos de la región se van a las comunidades limítrofes con menos impuestos, como Madrid, «porque Page está machacando con más impuestos a los ciudadanos de nuestra tierra a través de la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha que está impulsando debido a los pactos de investidura y de gobierno que tiene con Podemos».

Por otro lado, se ha aprobado la única enmienda que ha mantenido para su debate el grupo parlamentario Podemos, si bien, su vigencia está pendiente de cómo la Mesa de las Cortes resuelva el recurso que presentarán el PSOE y Podemos por la decisión del presidente de la Comisión, Lorenzo Robisco (PP), de no admitir una transaccional a ésta.

El PSOE y Podemos planteaban transar la enmienda presentada por la formación morada para aumentar de nueve a veintisiete las actuaciones de emergencia y restar aquellos procedimientos que no pueden resolverse en un tiempo tan breve , como la calificación del grado de discapacidad o el reconocimiento de la situación de dependencia.

Sin embargo, Robisco ha decidido no admitir a trámite esta enmienda porque no ha sido trasladada previamente a todos los grupos parlamentarios y porque, a su juicio, « puede afectar al cumplimiento de los objetivos de déficit ».