Martínez Arroyo: «Espero que Luis Planas sea valiente y haya un reparto de la PAC más equitativo»

¿Cómo cree que va a salir el campo de la pandemia?

La alegría va por barrios, pero en general el sector agroalimentario va a salir reforzado de la pandemia porque se han hecho muy bien las cosas, poniendo a su disposición toda la maquinaria de la Administración para que pudiera seguir produciendo y para que en los lineales estuvieran presentes nuestros productos. No solo se ha mantenido la cuota de mercado que tenía, sino que se ha incrementado. De hecho, el peso del sector agroalimentario ha crecido también en estos meses en Castilla-La Mancha, como ya lo venía haciendo desde el 2015. Estamos en una situación extraordinaria, ya que supone más del 16% del Producto Interior Bruto (PIB) de la región y estoy seguro de que vamos a seguir en esta línea porque cada vez tenemos empresas más fuertes y más internacionalizadas, y los agricultores y ganaderos están mas profesionalizados.

¿Cree que el cambio de gobierno en Estados Unidos y ojalá que una mayor movilidad de los mercados en un futuro, sin tantos aranceles y con un menor impacto del Covid-19, seránbeneficioso para Castilla-La Mancha?

Yo espero que la Administración estadounidense reconsidere su posición, ya que estamos en una situación de igualdad en la negociación entre Europa y Estados Unidos. Es cierto que Joe Biden no tiene nada que ver con Donald Trump y esperamos que se siente en la mesa con la Comisión Europea, y una reducción de los aranceles es beneficiosa para todos. Pero este no es el único tema, ya que también están encima de la mesa los acuerdos multilaterales y bilaterales en vigor, en los que Estados Unidos tiene mucho que decir por su influencia en el mundo anglosajón, teniendo en cuenta el papel también del Reino Unido. En cualquier caso, deseo que se queden atrás las situaciones de tensión de los últimos años.

Lo que sí es evidente es el cabreo de los trabajadores del campo. ¿Entiende su enfado?

Lo entiendo y lo comparto totalmente. Sus reivindicaciones por los precios justos son entendidas por todos los ciudadanos, ya que a uno le tienen que pagar más de lo que le cuesta producir aquello que está vendiendo. En este sentido, creo que hay un paso muy importante que se ha dado, que es la Ley de la Cadena Agroalimentaria, que está en estos momentos en plena negociación en el Congreso de los Diputados y que esperamos que dé más fuerza al eslabón más débil, que son los agricultores y los ganaderos. En Castilla-La Mancha trabajamos de la mano del sector para que ello sea así. Por eso, el esfuerzo más grande que hemos hecho en los últimos años, desde que yo soy consejero, ha sido reforzar la estructura comercial de nuestras empresas. De hecho, su facturación se ha incrementado, en algunos casos exponencialmente desde el 2015, y hoy doce de las veinte empresas con mayor facturación de la región son agroalimentarias.

Otra de las principales preocupaciones del sector es el relevo generacional. Creo que esta semana se ha publicado y se ha abierto el plazo para la solicitud de ayudas a la incorporación de jóvenes a la agricultura y la ganadería. ¿Está el futuro del campo garantizado en la región?

Claramente sí. Cada vez que sacamos una convocatoria de incorporación de jóvenes tenemos mucha demanda. Desde que soy consejero, hemos sacado dos convocatorias y hemos incorporado ya a 2.660 jóvenes profesionales a la agricultura y de la ganadería, en ámbitos muy diversos que van desde la agricultura más tradicional, como son el viñedo o el olivar, a proyectos más vanguardistas, como la cría de insectos o caracoles. Todos ellos representan la innovación del campo y se ve cómo los jóvenes también invierten su dinero y su talento en el medio rural. Ahora acabamos de convocar una tercera línea de ayudas para este colectivo, dotada con 100 millones de euros, de los cuales la mitad son para su incorporación y la otra mitad para los planes de mejora de sus explotaciones. Este es el presupuesto más alto de la historia de Castilla-La Mancha para la incorporación de las nuevas generaciones al campo. Esperamos incorporar 1.500 jóvenes al sector primario y en total a más de 4.000 en cinco años. Somos, de hecho, la primera región de España. Esto es un orgullo para un consejero de Agricultura, ya que cuando uno comienza un proyecto de este tipo es fundamental saber que cuenta con el respaldo de una administración detrás.

La borrasca Filomena afectó sobre todo al olivar y a la ganadería extensiva. Algunos se dirigieron a su departamento para pedir ayudas. ¿Se les ha dado ya alguna respuesta?

Aquí hay que aclarar algunas cuetiones. En primer lugar, si hay un seguro agrario que cubre los daños producidos por un temporal, no se pueden conceder ayudas por parte de la Administración. Esto no lo digo yo, sino que lo dice la Ley. Nosotros hacemos un esfuerzo muy grande en Castilla-La Mancha en este sentido, ya que hemos incrementado nuestra participación en casi un 50% con respecto a lo que había en 2015, financiando de manera más extraordinaria algunos cultivos, como por ejemplo el olivar, para que haya más contratación. Aun así, recuerdo que para los afectados por la borrasca Filomena se ha puesto a su disposición por parte del Estado, con la participación de la Junta de Comunidades, una solicitud de ayudas basada en la declaración del emergencia climática. En cualquier caso, a pesar del temporal, en el caso del olivar, la cosecha no se ha visto tan afectada, ya que se espera para este año unas 120.000 toneladas de aceite de oliva.

Hablando de ayudas, insiste en lograr un modelo justo de convergencia de reparto de la PAC (Política Agraria Común)entre comunidades autónomas. ¿Lo conseguirá?

Soy optimista. Llevamos tiempo trabajando y hay una mayoría de comunidades autónomas que queremos que haya una mayor convergencia de las ayudas de la PAC. Para explicarlo de manera sencilla, los agricultores y ganaderos que se dediquen a una actividad concreta en una determinada comarca han de recibir el mismo dinero por hectárea que los que hacen lo mismo en otras comarcas u otras regiones. Esto es lo que hemos planteado desde un principio y en Castilla-La Mancha elaboramos un documento de posición desde 2018, a lo que se sumaron otras comunidades autónomas, y espero que el ministro de Agricultura (Luis Planas) sea valiente y haya un reparto de la PAC más equitativo.

Otro de los asuntos que está sobre la mesa es la Ley de la Viña y el Vino, cuyo borrador presentó al sector el pasado 4 de febrero. ¿Hay buena predisposición de todas las partes para que salga adelante?

Sí. Era un déficit que teníamos en Castilla-La Mancha. Necesitamos una ley de estas características porque somos la región con más superficie de viñedo y con más producción de vino, de mosto, de alcohol y de otros subproductos derivados de la uva. Es lógico que haya una normativa que lo regule y que contemple algunas de las cosas en las que venimos trabajando desde hace tiempo. Así, por ejemplo, ello permitirá la trazabilidad y dar mayor garantía a los consumidores sobre nuestro. También dar mayor seguridad a los viticultores y a las bodegas, ya que algunas de las cuestiones que se incluyen en ella van a repercutir en cosas como que los vinos reserva pasen, como mínimo, seis meses en botella y los grandes reserva, doce meses. Esto situaría a nuestras denominaciones de origen a la altura de la calidad de otras en las que esta cuestión tiene un impacto muy positivo en sus marcas. Asimismo, planteamos la creación de una Interprofesional regional del vino, que es una demanda del sector y que tiene que servir para autoregularlo, es decir, decidir cuánto vino, mosto o alcohol hay que hacer y dar amparo a otro tipo de decisiones, como limitar el rendimiento, exigir un grado mínimo de la uva a su entrada en la bodega o una entrega de subproductos mínimos.

Uno de los miedos del sector vitivinícola en la pasada vendimia, era no saber qué hacer con el excedente. ¿Se ha resuelto de manera favorable esta situación?

A raíz de esto, demandamos medidas de mercado por parte del Ministerio de Agricultura, en colaboración con las comunidades autónomas. Se pusieron en marcha y Castilla-La Mancha se benefició mucho porque fue la región que más recursos recibió, con mucha diferencia sobre la siguiente, ya que percibimos 60 millones de euros más de lo que tenemos de ayudas en un año normal para el sector vitivinícola. En concreto, llegaron más de 112 millones. Esto es muy importante porque las medidas de destilación o de almacenamiento privado pusieron la inyección directamente en las empresas. Esto tuvo su efecto puntual y no se ha resuelto el problema, es evidente, pero la liquidez de las empresas, que era muy necesaria, se consiguió. Pero, al mismo tiempo, nuestro vino embotellado se está vendiendo muy bien en el sector alimentario, incrementándose en este caso en torno a un 25%. Nuestro problema sigue siendo el granel, que va al extranjero para ser embotellado y vendido en la restauración de otros países, donde está cerrada o hay problemas de distribución. Por eso, hemos pedido al Ministerio de Agricultura una destilación de crisis, como pide todo el sector, algo que urge porque hay que dar una señal al mercado para que sepa que se va a retirar una parte de la producción y, además, a un precio alto.

Las diputaciones de Albacete y Ciudad Real han aprobado mociones en contra de la instalación de macrogranjas porcinas en sus provincias. ¿Está de acuerdo?

En el caso de las granjas de cerdos, nosotros las consideramos como una actividad económica más en el medio rural. Hay pueblos en los que es difícil encontrar interés por parte de los emprendedores y gente que se quiera ir a vivir allí. Por eso, hay que explorar todas las posibilidades, pero hemos sido muy exigentes y somos la única región en España que modificó la normativa estatal para aumentar la distancia mínima de un kilómetro a dos entre los núcleos de población y la granja porcina. Si el pueblo quiere que se instale y si hay un emprendedor que cumple con la normativa, es evidente que la Junta de Comunidades o cualquier administración debe permitir que eso suceda. En cualquier caso, esa instalación debe ser compatible con el medio ambiente, con el territorio y con los intereses de los ciudadanos. En eso estamos todos, tanto yo como los presidentes de las diputaciones y los alcaldes.

El 12 de febrero se aprobó otro trasvase de 38 hectómetros cúbicos. ¿Se seguirá repitiendo «sine die» o hay algún compromiso del Gobierno central de su partido para ponerlo fin?

Evidentemente, nosotros discrepamos de la decisión de autorizar otro trasvase, entre otras cosas porque hay una parte importante del mismo que va para regadío. Hemos mantenido toda la coherencia desde 2015, que es que si hay un trasvase para regadío, se recurre por parte de Castilla-La Mancha, pues entendemos que hay otras fuentes de suministro, como es la desalación. Ahora mismo estamos en nivel 2 y se han trasvasado 38 hectómetros cúbicos automáticamente, sin decisión política. Es decir, se aplica de facto el Memorándum de Entendimiento sobre el Trasvase Tajo-Segura, que fija en 400 hectómetros cúbicos el mínimo en la cabecera para trasvasar. Aquí no puede meter mano nadie, salvo que se cambie la ley. Este es el conocido como «memorándum de la señora Cospedal», algo que está perjudicando a Castilla-La Mancha desde el día que se firmó. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Hemos conseguido el compromiso del Ministerio para la Transición Ecológica de que en nivel 2, ya no se transfieran 38 hectómetros cúbicos, sino 27. Además, vamos a terminar el año con una planificación hidrológica que establece un caudal mínimo ecológico en los ríos, especialmente en el Tajo, algo que supone en parte la derogación del memorándum.

Castilla-La Mancha, por fin, ha conseguido tener una posición unánime en materia hídrica. Después del Pacto del Agua, al que incluso se adhirió el Partido Popular, ¿cuál es el siguiente paso en esta agenda?

El Pacto del Agua se está cumpliendo cada día y nos exige a todos. Por eso, yo reclamo cierta coherencia a los firmantes y a los partidos que se adhirieron, ya que los políticos tienen que defender lo que este acuerdo pone. Me comprometí también a reunirme con la Mesa del Agua, que es de donde emana el pacto, para que fuera un foro de diálogo y de discusión sobre las cuestiones relativas al agua en Castilla-La Mancha. En este sentido, voy a convocar una nueva reunión de este organismo, aunque con la pandemia es más complicado y se hará por videoconferencia, pero estoy dispuesto a trabajar con todos los agentes económicos y sociales. Este es un esfuerzo más de transparencia que hacemos desde el Gobierno, en colaboración con los ciudadanos, y los resultados en materia hídrica son evidentes, con avances en las inversiones que se van a hacer en la cuenca del río Júcar, con más de 50 millones de euros para los bombeos para regadío, o la concesión de agua para regadío en el Segura, para los regantes de Hellín o el cumplimiento de una demanda en este municipio, como la apertura de una oficina de la Confederación Hidrográfica del Segura. En fin, yo creo que hay numerosos ejemplos de acuerdos y decisiones favorables en colaboración con la Administración general del Estado en materia de agua para la región.