La ley de economía circular y de evaluación ambiental avanzan en Castilla-La Mancha

Dos normativas que se encuentran en diferentes procesos administrativos para ser aprobadas , ya que el anteproyecto de ley de economía circular ha sido tomado en consideración en el Consejo de Gobierno de este martes para ser valorada por el Consejo Consultivo, mientras que el proyecto de ley de evaluación ambiental llegará pronto a las Cortes para ser aprobada. «Espero que todos los grupos la apoyen», ha manifestado Martínez Arroyo.

Por lo que se refiere a esta segunda normativa, el consejero ha señalado que era «necesaria desde 2013 para evitar la contradicción con la ley estatal». Según ha explicado, esta iniciativa permitirá ahorrar burocracia y tiempo a ayuntamientos, empresas, agricultores y ganaderos, que antes tenían que engarse ellos de perder el tiempo en todos estos trabajos, per a partir de ahora será la Administración regional la que se encargue de ello.

El anteproyecto de ley de economía circular, por su parte, después de ser tomado en consideración este martes, llegará ahora al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha para recibir el visto bueno, aunque el consejero espera también que pueda ser aprobada antes de que finalice la legislatura. «Se trata de una ley pionera que pretende pasar de un modelo de economía lineal a otro circular» , ha indicado.

Martínez Arroyo ha aclarado que esta normativa busca pasar de un modelo basado en la producción y el desecho de los residuos a reutilizar esos recursos para otros usos mediante el reciclaje. Así, ha puesto como ejemplo la reutilización del agua de las depuradoras para el regadío o la reutilización de los subproductos de la vinificación como los orujos. «Creo que las empresas van a acoger muy bien esta iniciativa», ha asegurado.

En concreto, según ha explicado el consejero, el anteproyecto de ley de economía circular regulará dos cuestiones. Por un lado, a partir de ahora se pondrá en marcha un sistema de fianzas para las empresas que gestionan residuos peligrosos, algo que se pensó a raíz del incendio de los neumáticos en Seseña en 2016 y que ahora verá la luz.

Y, por otro lado, un año después de su aprobación, el Gobierno de Castilla-La Mancha deberá fijar unas tasas para esas mismas empresas que trabajan con residuos peligrosos. De este modo, ha adelantado el titular de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, se busca que cumplan con el principio de que «quien contamina, paga» .

Además, según ha destacado Martínez Arroyo, desde el punto de vista económico, este anteproyecto de ley «también es importante», ya que supone un «incremento en la rentabilidad del 30%». En su opinión, significan «nuevas oportunidades de negocio para las empresas, más empleo y más eficiencia energética».

De hecho, ha hecho mención al objetivo de la Unión Europea de que en 2030 el 70% de los residuos se reciclen, algo con lo que ya está cumpliendo Castilla-La Mancha, ha asegurado el consejero. Así, según ha informado, en la comunidad autónoma ya se recicla el 75% del plástico, el 83% de papel y cartón y el 88% de metales.