Discapacitados intelectuales harán prácticas en entornos laborales normalizados

Ha sido en un acto en la sede de la consejería en Toledo, donde la consejera ha afirmado que se trata de un convenio que se enmarca en un programa «con el que estábamos obteniendo muy buenos frutos desde 2016, cuando se empezó a desarrollar, hasta que tuvo que ser interrumpido por la pandemia». Concretamente, ha explicado, fueron 150 personas con discapacidad intelectual las que se beneficiaron del mismo y, ahora, con este nuevo impulso, «esperamos llegar a estas cifras e, incluso, superarlas».

El objetivo del convenio, ha detallado, es «facilitar que las personas con discapacidad intelectual puedan realizar prácticas en entornos laborales normalizados» y puedan tener acceso al mercado laboral para desempeñar un trabajo en el que hayan adquirido una experiencia previa con el apoyo de la Administración y las entidades.

Para ello, la Consejería de Bienestar Social pone a disposición sus centros y unidades administrativas en toda la región, y en este caso concreto, en Toledo, donde Cecap desarrolla su actividad, y será esta entidad la que seleccione a los posibles candidatos a estas prácticas, que tendrán una duración de entre seis y doce meses.

Una selección que se realizará, como ha explicado el presidente de Cecap, entre las 87 personas con grado de discapacidad reconocido por la Administración regional, cuyo perfil responde a gente joven de entre 19 y 25 años de edad, que han salido de la formación reglada y para los que éstas prácticas suponen un puente «hacia un itinerario de formación profesional dual que les permita compaginar la práctica con la formación teórica», algo que hasta ahora les está proporcionando excelentes resultados, como un 90 por ciento de inserción laboral entre sus participantes.

García Torijano ha detallado que las personas que finalmente accedan al programa, lo harán acompañados por profesionales de apoyo, que también serán designados por Cecap y se encargarán de realizar la formación laboral para que tengan un buen desempeño en los puestos de trabajo donde sean destinados y que se orientarán al desarrollo de habilidades administrativas básicas, habilidades manipulativas, habilidades domésticas básicas, como lavandería, limpieza, auxiliar de cocina y restauración y habilidades relacionadas con la atención al público y la atención telefónica.

A su término, la Administración emitirá un certificado de acreditación que recogerá las tareas que han realizado los participantes durante el tiempo en el que han formado parte del programa.

Por ahora, como ha avanzado la titular de Bienestar Social, con respecto al convenio firmado con Plena Inclusión, «ya se han seleccionado los perfiles de unas entre 30 y 40 personas con los que comienza el programa en centros dependientes de la Consejería de Bienestar por toda la región, que ahora van a comenzar ya de forma inminente su proceso formativo antes de incorporarse a sus puestos de trabajo».

La consejera ha mostrado la satisfacción del Gobierno «por poder contar por primera vez con una entidad tan puntera en materia de capacitación como es CECAP para el desarrollo de este programa» y se ha referido a su labor afirmando que es «un orgullo ver cómo en Castilla-La Mancha hay entidades trabajáis por la integración de las personas con discapacidad y lo hacéis de una manera pionera en la capacitación laboral de este colectivo».

Bárbara García Torijano ha recordado que el respaldo de la Consejería de Bienestar Social al Grupo de Entidades Sociales CECAP viene de largo; desde su nacimiento, en 2006, con una aportación inicial de 90.000 euros, hasta alcanzar casi el millón de euros de financiación en 2022 que va dirigida fundamentalmente a «sufragar el mantenimiento y personal de las tres viviendas con apoyo, con un total de doce plazas, que gestionan en Toledo» y, sobre todo, «se costea con 691.000 euros el Servicio de Capacitación para la Integración Sociolaboral que permite prestar apoyo a 180 personas con discapacidad durante este año 2022».

Por su parte, Andrés Martínez ha resaltado que «este acuerdo demuestra una creencia firme en las capacidades de un colectivo que está llamado a participar del mercado laboral, como siempre demuestra la Consejería de Bienestar Social en todas sus políticas de acción social sobre las personas con discapacidad», y también supone, ha añadido «una apuesta por un modelo de inclusión que hace que estos jóvenes participen del marco de derechos fundamentales».