La Junta recurre los «trasvases encubiertos» entre regantes del Levante

Según ha explicado el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, se trata de «trasvases encubiertos» entre los regantes del Levante. Ha denunciado que en los últimos año s ha crecido de forma «impune» el negocio de compraventa de derechos de agua , una práctica especulativa a la que el Gobierno central ha abocado a muchos agricultores profesionales de esta región, «limitándoles e incluso negándoles directamente sus concesiones de agua».

Una situación que se ha agravado, según el portavoz, con la compra de tierras de cultivo en zonas de la región para transferir sus derechos de agua a las tierras agrícolas que ya cultivan en Murcia y que además se abastecen del trasvase Tajo-Segura.

Hernando ha asegurado que el Ejecutivo autonómico ha conseguido que durante esta legislatura el Tribunal Supremo haya reconocido, a través de la sentencia 1843/2016, el carácter de «interesada» en todos los expedientes sobre cesiones de aguas procedentes del trasvase Tajo-Segura , tras años en los que «se nos mantuvo al margen y en la oscuridad, quizá porque, con nuestro derecho a voz y voto, podríamos haber emitido informes sobre los graves efectos medioambientales, por culpa de esta reventa de agua, que hubieran paralizado este expolio».

El portavoz regional ha dicho que este Gobierno «no va a permitir trasvases encubiertos ni trasvases en diferido», sobre todo cuando hay zonas de la provincia de Albacete, como la Sierra del Segura, «en las que nuestros agricultores no disponen de recursos hídricos suficientes para poder mantener su actividad».

Otro de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha sido la aprobación de los proyectos CREA , «subvenciones dirigidas a asociaciones, fundaciones y otras entidades privadas, sin ánimo de lucro, que desarrollen su actividad económica en Castilla-La Mancha, y entre cuyos fines está la integración y formación sociolaboral de colectivos con especiales dificultades en esta integración».

Hernando asegura que es una iniciativa novedosa en la región pues, hasta ahora, nunca se había fomentado la inserción de personas con dificultades de integración socio-laboral con acciones mixtas de formación y contratos laborales en empresas.

Podrán beneficiarse las personas con una discapacidad igual o mayor del 33%, las víctimas de violencia de género y de atentados terroristas , en riesgo de exclusión y que cobranrentas mínimas de inserción o no han podido acceder a ellas por haber agotado el período máximo de percepción legalmente establecido, los menores internos o jóvenes mayores de 18 años y menores de 30 que procedan de instituciones de protección de menores , las personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos y aquellas procedentes de centros de alojamiento alternativo o de servicios de prevención e inserción social.