La Junta contratará a 28 profesionales para agilizar procedimientos en empleo y patrimonio

Por lo que se refiere al primero de los acuerdos, la portavoz del Gobierno, Blanca Fernández, que ha comparecido en la sala de prensa del Palacio de Fuensalida, ha informado de que la contratación de los 23 profesionales, a propuesta de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, tiene como objetivo impulsar y reforzar las políticas activas de empleo y las acciones formativas a lo largo del 2020.

Fernández ha explicado que, en ambos casos, estos programas se prorrogan para mejorar la cualificación y la recualificación profesional, así como la mejora de la empleabilidad, áreas a las que el Gobierno de Castilla-La Mancha destinará en el presente año, vía presupuestos, 143,5 millones de euros que beneficiarán a 39.250 personas , tanto ocupadas como en desempleo.

Para el primer programa, se prorrogará la contratación de 13 personas que llevarán a cabo su labor en las cinco delegaciones provinciales de la Junta de Comunidades.

A políticas activas de empleo, ha explicado la consejera portavoz, el Gobierno de Castilla-La Mancha viene destinando en torno a 90 millones de euros anuales. Con este presupuesto «facilitamos que empresas, entidades sociales y ayuntamientos creen puestos de trabajo para personas jóvenes, mayores parados de larga duración, mujeres del ámbito rural o víctimas de violencia de género y personas con discapacidad. Y de lo que ahora se trata con la prórroga de este personal es seguir prestando el mejor servicio a estas personas, que además son las que más difícil lo tienen en el mercado laboral», ha remarcado.

Blanca Fernández ha recordado que el servicio de empleo facilita la contratación de personas jóvenes a través de fórmulas como los contratos de formación y prácticas y su transformación en indefinidos, o los contratos para personas jóvenes cualificadas a través de empresas con el apoyo de la Junta de Comunidades.

En el caso de las personas mayores de 50 años, en situación de paro de larga duración y en riesgo de exclusión, existen tres grandes medidas en relación con las políticas activas de empleo que son: los planes de empleo municipales; el programa «Garantía +52», una prestación de 500 euros al mes para mayores de 52 años y el llamado «Cheque Transición» , cuyo importe es de 5.140 euros para facilitar el tránsito del empleo subsidiado al mercado ordinario de trabajo y que el año pasado benefició a 362 personas.

Con una estrategia similar, pero en el ámbito de la formación, el Consejo de Gobierno ha autorizado también la prórroga en la contratación de 10 personas del servicio de formación cuya labor será acelerar los procedimientos y solicitudes de las personas demandantes de empleo que solicitan realizar cursos de acceso a los certificados de profesionalidad.

Blanca Fernández ha recordado que una vía para mejorar la empleabilidad es la formación y la acreditación de conocimientos. Y, precisamente, desde el servicio de formación se realiza esta acción, sea mediante cursos y la consiguiente expedición de certificados de profesionalidad, sea a través del programa Acredita, que consiste en la validar mediante un examen el conocimiento en base a la experiencia laboral de la persona.

En este sentido, Fernández ha finalizado recordando que el presupuesto para el presente ejercicio contiene un total de 53,5 millones de euros que permitirán al Gobierno regional formar a 22.250 personas , tanto ocupadas como en desempleo.

En relación al segundo de los acuerdos, el que se refiere a la inversión de 429.797 euros para contratar a cinco profesionales relacionados con el patrimonio histórico-artístico (3 arquitectos y 2 arqueólogos) que van a reforzar la plantilla de la Junta de Comunidades con el fin de agilizar en el tiempo los expedientes que quedan por resolver, como es el caso del yacimiento de la Vega Baja en Toledo, entre otros.

El objetivo es reducir a la mitad de tiempo estos expedientes, ha señalado la portavoz regional, que ha apuntado que algunas catas arqueológicas pueden durar incluso años y ha afirmado que « la preservación del patrimonio no tiene que ser un inconveniente para el desarrollo económico ».