Greenpeace: solo un pueblo de los 659 en zonas de incendios en Castilla-La Mancha tiene un plan de emergencias

Greenpeace ha precisado que solo Renera, en Guadalajara, cuenta con un plan de emergencias de los 659 municipios castellano-manchegos obligados a contar con él. Hay otros cinco en fase de tramitación y pendientes de homologación, pero es que, además, no hay constancia de planes de prevención en el ámbito municipal, aunque sí existen diez planes en distintos ámbitos: cinco provinciales y cinco comarcales.

Sin embargo, el informe destaca como nota «positiva» el hecho de que la comunidad autónoma disponga de información pública de fácil acceso a planes aprobados y de campañas de autoprotección para la ciudadanía.

El informe señala, entre otras cosas, que los bosques y los montes españoles en los que a menudo se insertan viviendas son «un auténtico polvorín para los incendios forestales».

Asimismo, recuerda que la Ley de Montes, que regula la planificación de incendios a nivel autonómico y municipal, establece la obligatoriedad de las comunidades autónomas de elaborar planes preventivos en aquellas zonas declaradas de alto riesgo de incendio.

En este sentido, ha alertado de que «se incumple la normativa de forma casi generalizada», ya que, en el conjunto del país, el 80 % de los municipios en zonas de alto riesgo no cuentan con planes de emergencia.

También Greenpeace destaca en su estudio que el riesgo de incendios forestales se debe gestionar en dos direcciones: por un lado, una correcta gestión forestal, de forma que se protejan los bosques y a las personas que los habitan, y, por otro, que la ciudadanía proteja su vivienda, tomando medidas preventivas y de autoprotección.

En este sentido, la organización ha demandado una política de prevención orientada a hacer del sector forestal «un sector estratégico dinamizador del medio rural», así como gestionar más y mejor las masas forestales y desarrollar modelos de selvicultura que tengan en cuenta la variable del cambio climático.

También ha abogado por combatir la siniestralidad desde la educación, por una mayor investigación judicial y por solicitar la colaboración ciudadana para identificar a las personas responsables.

Asimismo, ha apostado por evitar ciertos tipos de viviendas en el medio rural que suponen «un riesgo muy alto» y por exigir el cumplimiento de la Ley de Montes y la ley de Protección Civil en Incendios Forestales, que obligan a contar con planes preventivos, de emergencia y de autoprotección.