La futura ley antiokupación de Castilla-La Mancha: penas más duras y más poder a los ayuntamientos

Toca «actuar con más determinación y más precisión», toda vez que en España hay «miles de domicilios okupados ilegalmente», un delito que además tiene «consecuencias de convivencia social», ha dicho Page. La nueva ley será un «trabajo inmenso para combatir con mucha claridad y determinación a las enormes mafias de okupación ilegal que hay en España».

Page cree que con la aprobación de la renta garantizada a nivel estatal ya no hay razón por la que familias en situación de vulnerabilidad puedan acceder a una vivienda.

Mediante la nueva ley se pedirán medios específicos en la Fiscalía del Estado y también se modificará la normativa de empadronamientos para que los ayuntamientos puedan defenderse de que los okupas acaben inscritos legalmente en los municipios. Se trata de una propuesta «dentro de la lealtad institucional» que pretende «dar mayor rapidez a los trámites judiciales».

Asimismo se obligará a los grandes propietarios (entidades bancarias) a «no estar de brazos cruzados» y tener que denunciar en el caso de sufrir okupación de sus inmuebles.

En cuanto a las penas, se aumentan hasta los tres años de cárcel en caso de que haya uso de la violencia o intimidación y multa de hasta doce meses en caso de okupación pacífica inconsentida. Mientras, la prescripción del delito se eleva de uno a cinco años. Además, se podrán tramitar causas por juicio rápido, ya que la policía va a poder hacer denuncia al Juzgado con el atestado de la okupación. En 48 horas los juzgados deberán acordar el desalojo del okupa.

Por otro lado, habrá agravantes por este tipo de delitos y se sancionará la utilización de las viviendas okupadas para la comisión de otro tipos de delitos. Además, las comunidades de propietarios y los ayuntamientos quedan legitimados para poder denunciar las okupaciones, ya que en múltiples ocasiones son los verdaderos sufridores y sujetos pasivos de las actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas que realizan los okupas o personas relacionadas con ellos.

El coordinador de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha, Juan Ramón Crespo, considera que Page es un populista en este tema, ya que «es una absoluta mezquindad, además de mentira, comparar toda okupación con delincuencia», y cree que la solución pasa por ofrecer viviendas públicas a las familias en peor situación económica.

«Es un tema que se está tratando desde un punto de vista populista y que resulta lamentable ver a alcaldes, presidentes de diputaciones y parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha con este mismo discurso», ha afirmado Crespo, que ha añadido: «Pretenden comparar toda ocupación con delincuencia, y es radicalmente falso. Lo que deben hacer es perseguir la delincuencia donde se produzca, ya sea en una casa ocupada o en un chalet de La Moraleja, pero no criminalizar a familias que no tienen un techo donde protegerse».

Según Crespo, «más del 95% de las casas que se ocupan son viviendas que están cerradas desde hace años y que se encuentran en manos de bancos y fondos buitre, mientras que un porcentaje ínfimo es de viviendas que sí son de propietarios privados, la mayoría también cerradas desde hace años».

«A pesar de los datos, lo que estamos escuchando es que faltan medidas para combatir la okupación, sin darse cuenta de que las medidas coercitivas no van a ningún lado», cree el coordinador de IU en la región, quien está convencido de que los okupas son personas que «necesitan una vivienda y las medidas que están proponiendo de echar a gente de las viviendas lo único que hace es trasladar el problema de un pueblo a otro, porque tienen necesidad de un techo para su familia».

«No es lógico que en un país donde hay más de tres millones de viviendas vacías, haya familias que no tengan un techo y a eso hay que dar respuesta, al derecho constitucional a la vivienda», ha insistido. Asimismo, se pregunta «cómo se va a garantizar el derecho a la vivienda: si se va a tener viviendas a precio razonable, si va a haber alquileres sociales para que estas familias tengan un techo, si se van a bajar los precios de las tres millones de las viviendas que están vacías y que se está intentando especular con ellas y si se va a garantizar que la vivienda no va a superar el 30% de los ingresos de una familia».

Por último, acusa a Page de ser «el principal responsable de que no haya habido una política de vivienda pública asequible y de calidad y de que tengan una Ley de Vivienda durante más de cinco años en un cajón».