Echa a andar el proyecto de ley de medidas administrativas y tributarias

Según explicó este miércoles la portavoz del Gobierno autonómico, Blanca Fernández, esta norma recoge una serie de modificaciones legislativas de carácter administrativo y tributario que están vinculados a la consecución de los objetivos fijados en la Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2020 , que actualmente está siendo tramitada en el Parlamento regional.

El texto legislativo cuenta con el dictamen del Consejo Consultivo, del que se han tomado en consideración todas las observaciones aportadas, y se ha estructurado en dos capítulos, recogiendo el primero de ellos las medidas de naturaleza administrativa y el segundo las de carácter tributario.

Las medidas que se recogen en el articulado de este capítulo están destinadas a mejorar la organización administrativa con acciones como la adscripción del Instituto de la Mujer a la Consejería de Igualdad, hasta ahora adscrito a la Presidencia, para adaptar la ley por la que se crea el Instituto de la Mujer a la nueva estructura del Gobierno regional.

También se crea el Observatorio de Servicios Sociales y de la Dependencia con un objetivo de investigación e innovación social, se regulan plazas en la administración de inspección Farmacéutica, Enfermería y Médica y se mejora el manejo de la historia clínica, el acceso a la información que contiene la misma por parte de las empleadas y empleados públicos en aras de mejorar la calidad de la asistencia de los pacientes.

También recoge mejoras en la organización de ámbitos específicos de la Administración como la Ley de Ordenación del Turismo de Castilla-La Mancha, que modifica dos artículos para adecuar su contenido a las innovaciones producidas en los últimos años en la normativa comunitaria y estatal en materia de empresas de intermediación turística.

Estas medidas, concretadas en una decena de modificaciones de la actual legislación tributaria, mejoran la redacción de algunos de los artículos e introducen modificaciones puntuales para la correcta aplicación de determinados impuestos y para la mejor comprensión por parte de la ciudadanía.

Además, se ha aprovechado este proyecto de ley para evitar que sean los bancos los que puedan aprovecharse de los beneficios fiscales en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados que estaban pensados para las personas físicas, después de que el año pasado un Real Decreto-Ley estableciera que fuera la banca la que pagara ese tributo y no los ciudadanos cuando se formalice un préstamo con garantía hipotecaria.