Las Cortes de Castilla-La Mancha abren sus puertas a la despoblación

El Gobierno de Castilla-La Mancha fue uno de los últimos en sumarse a lo que se ha venido a llamar la «Revuelta de la España vaciada», pero ya antes las plataformas ciudadanas alzaron su voz. Asociaciones como Cuenca Ahora, Paisanos de Sancho —de Campo de Montiel (Ciudad Real)—, SOS Talavera y Comarca, La Otra Guadalajara —de Molina de Aragón y su comarca— o Serranía de Guadalajara llevan mucho tiempo avisando de la urgencia de hacer algo contra la despoblación que sufren sus comarcas y provincias, que se desangran sin que ninguna administración ponga remedio.

Uno de esos colectivos, la Asociación Serranía de Guadalajara, muestra su preocupación por el que considera uno de los problemas más importantes que aquejan a su comarca: el imparable declive de las cifras de población que afecta a todos sus municipios desde la segunda mitad del siglo XX y que no tiene visos de modificarse en el siglo XXI, salvo que se ponga un remedio.

Ejemplos de ese descenso de población en la provincia de Guadalajara, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en relación con los censos de población, son los casos de Majaelrayo, que pasó de 238 a 55 habitantes entre 1950 y 2018; Robledo de Corpes, de 415 a 45, o Retiendas, de 459 a 42 en el mismo periodo . También llama la atención el caso de Hiendelaencina, que en 1857 tenía 4.068 habitantes, pasó a 480 en 1950 y en 2018 sólo contaba 118 en el padrón municipal.

Otra muestra de ello es el caso de los múltiples pueblos de Guadalajara abandonados que se han ido quedando en el camino y que ahora son ruinas de un pasado floreciente, fondos de pantano, asiento de pinares de repoblación o ejemplos de intentos heroicos, fallidos o abortados de reasentamiento. Entre ellos, se encuentran Matas, La Vereda, Matallana, Fraguas, Santotís, Robredarcas, Jócar, El Vado, Alcorlo, Sacedoncillo y un largo rosario de lugares que configuran la geografía de un cementerio poblacional.

En la provincia de Cuenca, otra de las grandes damnificadas, se ha pasado de los 300.000 habitantes a principios del siglo XX a menos de 200.000 en 2019 , mientras que Talavera de la Reina ha perdido 6.000 habitantes en los últimos seis años y muchos pueblos de su comarca pueden desaparecer en las próximas décadas. Tampoco en Campo de Montiel (Ciudad Real) levantan cabeza:la población está por debajo de los 10 habitantes por kilómetro cuadrado.

Algunas de las reivindicaciones pasan por defender la comarcalización frente a la organización burocrática y centralista de la provincia, más si cabe en una región más extensa que algunos países europeos como el Benelux o la República Checa. Y también coinciden en señalar la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de 2007 como uno de los textos legales más completos sobre la despoblación, una herramienta que, a su juicio, se debería cumplir y dotar de medios para que se desarrolle.

Por todo ello, una vez iniciada la décima legislatura en las Cortes de Castilla-La Mancha, los tres partidos con representación parlamentaria se han puesto de acuerdo para llevar a cabo una comisión, a iniciativa de Ciudadanos, para abordar este problema. Será el miércoles cuando se celebre la primera sesión de este grupo de trabajo por el que pasarán varios expertos en la materia.

«Lo que hace diez años era un problema, ahora es un auténtico drama. La realidad es que muchas zonas de las provincias de Cuenca y Guadalajara tienen niveles de despoblación más propios de Laponia», manfiesta a ABC Carmen Picazo, la portavoz de Ciudadanos en las Cortes regionales y la encargada de defender la posición de su partido en la comisión.

Tal y como adelanta la portavoz de Ciudadanos, lo que esperan de la comisión es que sea «lo más fluida posible» para que salgan medidas consensuadas entre todos los grupos para poder atajar este problema. En su opinión, «parece que ya todos estamos concienciados y queremos trabajar en la misma línea que puede llevarnos a aprobar una ley transversal que esperemos que incluya medidas efectivas y transversales para combatir la despoblación, como un complemento salarial para los empleados públicos, sobre todo profesores y médicos, con el fin de que se instalen en las zonas rurales».

Otro de las tareas pendientes recuerda Picazo, es mejorar o dotar de conectividad a internet a muchos pueblos pequeños. «Aún no la tienen o es mala para que las personas que allí viven puedan buscar un empleo o incluso desarrollarlo en el lugar donde residen». Además, alerta, «hay que mejorar la atención a las personas mayores, con más y mejores plazas de residencias, prestarles los servicios sociales y sanitarios que precisen, sin que tengan que desplazarse a largas distancias para recibirlos».

También, a nivel estatal, y aunque aún el Gobierno de España sigue en funciones, se ha propuesto una rebaja de impuestos, sobre todo del IRPF para las mujeres; ayudas para las empresas e incentivos para atraer a aquellas que quieran instalarse en el mundo rural.

Sobre las ayudas a zonas ITI (Inversión Territorial Integrada) de Castilla-La Mancha durante la legislatura anterior, la portavoz de Ciudadanos dice que se remite a los datos oficiales «para constatar que este sistema no ha funcionado porque todavía son muchos los pueblos que no tienen posibilidad de trabajar desde casa porque no tienen buena conectividad a internet, o directamente no la tienen».

En relación con este asunto, el portavoz y diputado regional del PP en las Cortes, Benjamín Prieto, cree que esta iniciativa «respondió a un anuncio totalmente propagandístico y electoralista , y se quiso contentar a todo el mundo. En una comunidad como Castilla-La Mancha, no se puede ampliar este programa a todo el territorio, debido a sus grandes dimensiones, ya que cubre a 638 municipios; pero hay zonas que lo necesitan mucho más que otras». Así, según desvela el que fuera presidente de la Diputación de Cuenca en la anterior legislatura, «en la provincia conquense se quedaron sin cubrir más de 30 millones de euros que iban a ser destinados a proyectos que solicitaron ayudas de las zonas ITI».

Benjamín Prieto es alcalde desde 1999 de la pequeña localidad conquense de Fuentelespino de Haro (248 habitantes)y conoce de sobra este asunto, pues es además uno de los componentes del Foro sobre la Despoblación a nivel nacional. «Para mí, es un asunto de Estado. Por eso, hay que aprobar una ley transversal que capilarice y afecte a todas las áreas que tengan competencias en la materia. Estoy totalmente en contra de que se habla de la España vaciada o vacía, pero sí abogo más por llamarla la España de las oportunidades», expresa el también presidente del PP de Cuenca.

Por eso, su partido considera que todas las administraciones implicadas deben dotar de herramientas legislaltivas a las comarcas que sufren la despoblación. A juicio de Prieto, «todas estas zonas tienen un gran potencial, que debe ir acompañado por una legislación acorde a la realidad del siglo XXI» . Para ello, propone echar mano de las herramientas actuales como internet, las redes sociales y las nuevas tecnologías para desarrollar nuevos oficios en las zonas rurales.

En este sentido, Prieto pone como ejemplo al sector agroalimentario, que es muy potente y que es el que genera imagen de marca de calidad de lo que se produce y se come en la zona rural. Y, por otro lado, al sector forestal, que también genera una gran diversidad de empleos y productos vinculados al medio ambiente. Asimismo, aboga por desarollar un plan para rehabilitar el patrimonio histórico, artístico, cultural y natural de estas zonas rurales, «no sólo por los puestos de trabajo que genera, sino con vistas al turismo y para diversificar la actividad económica con el fin de atraer a nuevos pobladores».

Quien también conoce bien el problema es la alcaldesa de Sigüenza y diputada del PSOE en las Cortes, María Jesús Merino, que será además una de las que presida la comisión parlamentaria. Según explica, «la despoblación es uno de los principales retos que tenemos en esta legislatura. La situación es bastante dramática porque cada año perdemos decenas y decenas de habitantes , nos cuesta mucho asentar a la población joven y que la gente se quede a vivir en la comarca».

«Y, como este problema es transversal, transversarles han de ser las soluciones que se den para combatirlo», asegura Merino, quien indica que «a lo que hay que aspirar es, por lo menos, a asentar poco a poco la población que ya tenemos en las zonas rurales de Castilla-La Mancha o incluso por que la gente vuelva a vivir al campo, algo que ya está pasando en otros países europeos».

Aun así, la diputada socialista cree que quedan muchas cosas que hacer, como mejorar la prestación de servicios, con una buena conexión a internet en zonas rurales para poder trabajar a distancia o mejores infraestructuras, aunque, a su juicio, «en eso se ha hecho bastante en Castilla-La Mancha». Además, según ella, en la región hay que potenciar las cabezas de partido o los núcleos de población más grandes que funcionan como centros de operaciones para el préstamo de servicios del resto de pequeños municipios de alrededor, como pasa con Sigüenza en la Sierra Norte de Guadalajara.