Casi 6.000 metros cúbicos de residuos tóxicos se van a retirar de la planta de Chiloeches

Los trabajos para retirar de la planta de reciclaje este gran amasijo de residuos sólidos y líquidos calcinados, tóxicos y no tóxicos, arrancaban el pasado mes de julio, cuatro años después de que se declarara el incendio la instalación de Kuk Medioambiente en esta localidad de Guadalajara, y según ha confirmado a Europa Press el delegado de Desarrollo Sostenible, José Luis Tenorio, la previsión de la empresa en base al documento presentado a la Junta de Castilla-La Mancha es que todo esté retirado y derivado a las plantas de tratamiento para la primavera de 2021.

En el documento técnico de casi cien páginas que ha habido que presentar al Gobierno regional para especificar los trabajos a realizar se contempla la actuación en una superficie de casi 3,4 hectáreas con un presupuesto para estos trabajos de más de 1,3 millones de euros sin IVA.

En total, se estima que se van a retirar 5.533 metros cúbicos de residuos peligrosos (plásticos, neumáticos, residuos de demoliciones, aislamientos térmicos), 103 metros cúbicos de amianto (fundamentalmente tuberías) y otros 366 metros cúbicos de acopio de inertes procedentes del derribo del edificio, lo que hace un total de algo más de 6.000 metros cúbicos de residuos, ha confirmado Tenorio a Europa Press.

El propio delegado ha declarado que para la realización de estos trabajos la empresa propietaria de la parcela, Altamira Real Estate S.A , ha tenido que elaborar un plan de seguridad y vigilancia; además, desde el Gobierno regional se hará un seguimiento semanal de los trabajos con el fin de que la compañía que los ejecuta, Ramboll Iberia S.L., los realice de acuerdo al planing previsto.

«Era una prioridad de la Consejería acometer la retirada de estos residuos y por fin es realidad», ha señalado Tenorio, quien apenas lleva un año al frente de esta responsabilidad.

Unos trabajos para cuya ejecución se han establecido varias fases que pasan por la preparación del emplazamiento, recubrimiento de cúmulos, la segregación y acopio temporal de los residuos, retirada y gestión del amianto, y luego la carga en camiones y el traslado a las plantas de tratamiento que se determine.

Además, se procederá a la limpieza de la solera de hormigón y de las balsas, de donde también se está prevista la extracción de los residuos líquidos y lodos almacenados, previsiblemente con máquinas succionadoras.

Inicialmente, las tareas iban a arrancar el pasado mes de marzo pero la Covid-19 también retrasó los trabajos y en vez de concluir para finales de año, es probable que se prolonguen hasta la primavera de 2021.

El emplazamiento ya está preparado y las medidas de seguridad y salud laboral también; ahora se determinarán las zonas por donde van a ir los accesos, el espacio a descontaminar y se procederá a separar o segregar los elementos y materiales para su posterior traslado, diferenciado tipos de residuos. Unas tareas que el delegado ha resumido en: «separación, recubrimiento y transporte», para finalmente hacer entrega nuevamente de otro documento con la ejecución de lo realizado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha .

Este incendio, iniciado el 26 de agosto de 2016, provocó emisión de gases y hubo también algún desprendimiento de residuos por alguna ladera, de ahí que desde la Junta ya se acometieron algunos trabajos de urgencia para evitar que los mismos se pudieran expandir en casos de lluvia.

La planta incendiada llevaba funcionando desde hacía varios años en situación de ilegalidad y fue precisamente cuando llegó el alcalde actual al Consistorio, José Andrés García, cuando se inició un expediente para la legalización de la actividad.

Al no recibir respuesta alguna se inició otro expediente para la cancelación de actividad que finalizó con la clausura el 17 de junio de 2016 por actividad clandestina por no disponer de licencia de apertura o autorización de puesta en funcionamiento para el ejercicio de su actividad, tal y como ha admitido también el primer edil.

Precisamente, hace aproximadamente un mes, el Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara decretaba la apertura de juicio oral contra un total de 21 acusados -18 personas físicas y tres jurídicas-, a quienes en algunos casos por parte de la Fiscalía se les reclaman penas de hasta 19 años de prisión y 14 de inhabilitación, al tiempo que les hacen responsables civilmente de gastos de casi 15 millones de euros.