El «boom» de la energía fotovoltaica en Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha tiene una media de más de 3.000 horas de sol al año y tres de sus provincias -Toledo, Ciudad Real y Albacete- se encuentran en los primeros puestos del «ránking» de las más soleadas de España, según un estudio del Instituto Nacional de Estadística. Este hecho objetivo, junto con una superficie de 79.463 kilómetros cuadrados, convierte a esta comunidad autónoma en una de las que más posibilidades tiene para el desarrollo de energía solar, algo que en las últimos tiempos se ha acentuado.

De hecho, no hay más que echar un vistazo a los mares de placas solares que se extienden por muchas zonas de Castilla-La Mancha, que cuenta con 11.578 instalaciones de energía fotovoltaica y suman 1.924 megavatios (MW) de potencia. Estos son los datos que ofrece a ABC el el director general de Transición Energética, Manuel Guirao , quien informa de que actualmente están en tramitación otros 336 proyectos de este tipo, que entrarán en funcionamiento en los próximos meses o ya en 2022, alcanzando los 7.503 MW.

«Castilla-La Mancha está ante una oportunidad histórica para el desarrollo de las energías renovables», asegura Guirao, que apunta a otras ventajas competitivas con respecto a otras comunidades autónomas, como es su temperatura, la cantidad de terreno disponible y su situación geográfica. Al encontrarse en el centro de España, por su territorio transcurren los grandes ejes y redes de distribución de energía desde Madrid: una que va hacia el Levante con destino a la central nuclear de Cofrentes (Valencia) y que pasa por Cuenca, otra hacia Andalucía con Puertollano (Ciudad Real) como un gran foco energético y otro hacia Extremadura en dirección a la central nuclear de Almaraz y que pasa por la comarca de Talavera de la Reina (Toledo).

Este «boom» de plantas fotovoltaicas en la región, que ni siquiera ha parado con la crisis del coronavirus, se plasma en los anuncios publicados tanto en el Boletín Oficial del Estado como en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha , en los que casi cada semana se aprueban autorizaciones para proyectos de este tipo. Permisos que, dependiendo de la potencia instalada, son competencia de uno u otro organismo, ya que si se superan los 50 MW quien los concede es el Gobierno de España. En caso de ser inferior, es cada una de las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible las que tienen que dar el visto bueno.

La última de estas autorizaciones se ha producido esta misma semana, cuando la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Comunidades en Toledo dio luz verde el pasado jueves a la instalación de tres plantas solares fotovoltaicas en Albarreal de Tajo, Barciencie y Pepino. Unas infraestructuras que supondrán en su conjunto 90 MW de potencia instalada y una inversión económica global de más de 43 millones de euros. Una planta de 49,9 MW en más de 85 hectáreas en Albarreal de Tajo; otra de 35 MW en 8,7 hectáreas de Barcience, y otra de 3 MW sobre 7,5 hectáreas en Pepino. Todas ellas con sus respectivas líneas de evacuación y planes de reforestación, según informaban en un comunicado.

En Castilla-La Mancha, la posición del Gobierno autonómico es claramente proclive hacia el desarrollo de las energías renovables y, en concreto, a la puesta en marcha de plantas fotovoltaicas, en consonancia con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 y con la Ley de Cambio Climático , que se está tramitando en el Congreso de los Diputados. «Nuestra apuesta pasa por impulsar el desarrollo sostenible de la región, fijar población en las zonas rurales y potenciar el uso de energías limpias», afirma Guirao.

Esta buena predisposición está sirviendo de reclamo para los promotores de estos proyectos que, por un lado, son bien recibidos por un Gobierno regional abierto a la transición energética que demanda Europa y que, por otro, se han convertido en una salida para cientos de tierras de labor de baja o nula productividad castigadas durante años en las subvenciones procedentes de la Política Agraria Comunitaria (PAC).

Debido a esta situación, muchos propietarios de terrenos contemplan la proliferación de planta solares como agua de mayo. Ahora pueden llegar a recibir beneficios hasta diez veces superiores, pasando de rentas de unos 130-150 euros por hectárea (contando solo las primas de la PAC sin tener en cuenta posibles rendimientos de la producción agraria o forestal) hasta los 1.300 o 1.400 euros por hectárea al año. Esta cantidad es la que algunas empresas están ofreciendo por alquileres mínimos del suelo de 25 años y hasta un tope de medio siglo.

En un folleto que algunos de estos promotores buzonean por comarcas en las que hay un gran interés, como es el caso de La Sagra toledana, se puede leer: «Buscamos terrenos para proyecto solar fotovoltaico que cuenta con permiso de conexión y con admisión a trámite según RDL 23/2020 por parte del Ministerio de Energía». En papel satinado y con una imagen de paneles solares, la empresa Premier Group anima a propietarios de tierras del siguiente modo: «Si dispone de terrenos en propiedad, le puede interesar. Compra o alquiler. Alta rentabilidad a 40 años». Este diario ha intentado contactar con esta compañía, pero no ha tenido respuesta.

Una de las empresas con más presencia en Castilla-La Mancha es la catalana Audax Renovables , con una larga trayectoria en este campo, que cuenta actualmente con 21 grandes instalaciones entre Toledo (7) y Guadalajara (14), quizá las dos provincias que más interés suscitan entre los promotores por su cercanía a Madrid. No obstante, también destaca el entorno de la localidad ciudadrealeña de Puertollano, donde se concentra también un buen número de proyectos de este tipo y que para el Gobierno autonómico es un ejemplo de ese cambio de paradigma energético que persiguen.

Aun así, el director general de Transición Energética de la Junta de Comunidades reconoce que en las zonas donde hay un mayor interés para poner en marcha plantas fotovoltaicas «sí que es cierto que los precios elevados del suelo que pagan las empresas están haciendo que el sector primario salga desfavorecido». A los propietarios de las tierras, en su gran mayoría agricultores y ganaderos, «les sale más rentable dedicarlas a este tipo de instalaciones que a cultivos o a la cría de animales y, como este sector está liberalizado, cualquiera puede cambiar el uso del suelo, aunque luego tenga que cumplir con los requisitos administrativos desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista energético, pues precisan de una línea de evacuación a una red principal de distribución eléctrica», apunta Guirao.

Del sector agrario vienen precisamente algunas de las críticas a esta proliferación, cada vez más extendida, de plantas fotovoltaicas, algo que incluso llegan a calificar como una nueva «burbuja especulativa». Estos son los términos que utiliza María José Ramiro, la responsable de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en la provincia de Guadalajara, donde señala que «comienza a crecer el malestar por clausulas leoninas que los promotores incluyen en los contratos, cuyo incumplimiento está dejando sin tierras a algunos agricultores y ganaderos». «Muchas veces -apunta- son empresas subcontratadas por las grandes compañías energéticas las que actúan de este modo».

María José Ramiro trasladó estas quejas al delegado provincial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades en Guadalajara, José Luis Tenorio, en una reunión que mantuvieron el pasado 23 de febrero. En ella, le hizo saber que «los agricultores están a favor de las energías limpias, pero es necesario un mayor control, ya no desde el punto de vista económico, sino también medioambiental por los daños que puede acarrear al paisaje a largo plazo, pues los contratos en muchos casos son a 30 años».

La responsable de UPA en Guadalajara indica que los principales problemas se están dando en el municipio de Viñuelas y en los pueblos de alrededor donde, a juicio de Ramiro, «se pretende masificar de placas solares para la distribución de energía a la capital», debido a la cercanía con Madrid. Por eso, Ramiro pide a los ayuntamientos de la zona que legislen y pongan un límite de un 15% del suelo municipal como máximo para este tipo de instalaciones, con el fin de diversificar los terrenos para otros usos, como la agricultura o la ganadería.

Otra de las comarcas que tiene mucho que decir, como se indicaba antes, es La Sagra toledana, también por su cercanía a la Comunidad de Madrid. «Estamos a favor del cambio energético y aquí, gracias al sol, nos podemos beneficiar, pero sería bueno que se repartan por más lugares y que se controle la proliferación de las placas solares». Así se expresa el presidente de la Mancomunidad de La Sagra Baja , Luis Miguel Martín, quien muestra su preocupación «por un exceso que puede afectar al paisaje y al desarrollo general de la comarca».

«A priori, en el municipio en el que se instala la planta solar es fenomenal, pues se genera riqueza e impuestos, además de más sostenibilidad en teoría. Pero hay temor de que este negocio se convierta en una burbuja, como paso con el ‘boom’ del ladrillo», subraya Martín. El también alcalde de Yuncler habla de fondos de inversión que buscan rentabilidad rápida mediante la compra o el alquiler de terrenos a un precio más bajo que en Madrid, que es donde al final va a parar la energía. Esta situación está generando «incertidumbre» en la comarca, donde hay ayuntamientos más proclives a este tipo de proyectos y otros que no tanto.

Además, el presidente de La Sagra Baja duda de que, al ser contratos de décadas, vayan a ser rentables a largo plazo. «Queremos saber exactamente hacia dónde irá esto y, en el futuro, qué será de estas infraestructuras», deja claro Martín, que subraya que el sector de la energía fotovoltaica, «como es nuevo y está en expansión, habría que organizarlo y regularlo en condiciones, antes de que nos pase lo mismo que sucedió con la crisis de la construcción».

Dudas e incertidumbres que son las que tienen también en un colectivo muy crítico con este tipo de actuaciones, como es Ecologistas en Acción . Uno de sus representantes, Miguel Ángel Hernández, cuenta a ABC que pidieron al Ministerio para la Transición Energética y al Gobierno de Castilla-La Mancha información detallada sobre este tipo de proyectos, sin éxito, ya que finalizó el plazo legal para una respuesta administrativa. «Estamos trabajando con un ojo tapado, pero creemos que hay más instalaciones de las que permite la red», asegura.

Hernández avisa del posible «peligro» de la proliferación de plantas fotovoltaicas para los espacios naturales y la biodiversidad. A su juicio, puede poner en riesgo a algunos cultivos de secano y algunas especies animales, como las aves esteparias. Aparte, desde Ecologistas en Acción, su responsable en Cuenca, Carlos Villeta, alerta de que en muchas zonas de la provincia este tipo de proyectos se suman a los de las macrogranjas porcinas e incluso llega a denunciar que «detrás de los dos negocios están los mismos empresarios, por lo que el pelotazo está más que garantizado».