Ayudas a familias, discapacitados y sanidad centran el último Consejo de Gobierno

Con esta convocatoria, según explicó en su rueda de prensa semanal el portavoz de la Junta, Nacho Hernando, lo que se hace es subvencionar parcialmente a cada trabajador con discapacidad en la plantilla hasta con un máximo del 50% del salario mínimo interprofesional de manera proporcional a la jornada que realiza. «Se estima que estos casi 18 millones de euros sirvan para dar ayudas a más de 3.400 personas que trabajan e integran las plantillas de los 96 centros especiales de empleo de Castilla-La Mancha», informó.

El Consejo de Gobierno también ha aprobado como «gran medida social», sobre todo para las familias jóvenes de Castilla-La Mancha, unas ayudas para 2019 por un importe de 3 millones de euros que concede la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para financiar los gastos de personal y mantenimientos de las escuelas infantiles. En total, detalló el portavoz, se han concedido 198 subvenciones para diferentes corporaciones locales y esto ha permitido sumar 9.130 plazas de enero a julio de 2018 y 9.151 de septiembre a diciembre de 2018.

Estas ayudas, destacó Hernando, «pretenden, por un lado, disminuir el coste de las escuelas infantiles y de los centros de educación infantil y, por otro, colaborar con los ayuntamientos de la región en el mantenimiento de esta red pública de calidad que permite la conciliación de la vida familiar y laboral dentro de la estrategia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres».

El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha también explicó de manera más detallada el contenido del anteproyecto de ley de garantías de tiempos máximos de respuesta en la atención sanitaria especializada en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) que fue tomado en consideración por el Consejo de Gobierno y que ya el martes adelantó el presidente Emiliano García-Page.

Así, anunció que esta medida incluiría una compensación para cubrir los gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento para los pacientes y familiares que así lo precisen, al necesitar ser atendidos en una área sanitaria diferente de donde reside.

Por lo que se refiere a los tiempos máximos de una respuesta sanitaria, el anteproyecto de ley estipula 180 días para los pacientes que vayan a ser sometidos a una intervención quirúrgica . Pero, como excepción, estos tiempos se acortan en casos de alguna operación relacionada con oncología, patologías cardiovasculares y coronarias, así como en los desprendimientos de retina, cuando el plazo mínimo se acorta a los 30 días.

Otra de las novedades es que en las primeras consultas externas el plazo será de 60 días y, en el caso de primeras pruebas diagnósticas y terapéuticas, tan sólo 30 días, a excepción del diagnóstico de tumores malignos y desprendimientos de retina, cuando el plazo mínimo será tan sólo de 7 días. También como novedad, el Sescam facilitará mensualmente en su página web toda la información referente al número de pacientes que figuran en la lista de espera sanitaria programada y no urgente.

Este anteproyecto de ley va a ser remitido al Consejo Consultivo para que pueda elaborar el dictamen correspondiente antes de su aprobación definitiva en el Consejo de Gobierno nuevamente y, previsiblemente, saldrá adelante en la próxima legislatura.

El Consejo de Gobierno también ha sido informado esta semana de la tramitación que se está llevando para la próxima publicación del decreto por el que se garantiza el derecho a la información, al acompañamiento y a los tiempos máximos de atención en los servicios de urgencias hospitalarias dentro del Sescam.

Mediante este decreto, señaló Hernando, «todas las personas que soliciten asistencia en las urgencias hospitalarias tienen derecho a ser recepcionadas, acogidas y clasificadas por un profesional sanitario titulado en los primeros diez minutos de su permanencia en este área de cualquier hospital del Sescam».

Cuando se supere ese tiempo máximo de diez minutos en el área de urgencias, después de registrarse en el servicio de admisión, con el objetivo de evaluar la gravedad del proceso que padece y priorizar el orden de atención. Cuando se supere ese tiempo máximo, los servicios de urgencias deberán habilitar más puestos de triaje para garantizar este derecho.

Y, si se supera el tiempo máximo fijado sin que el paciente haya sido atendido, el paciente deberá ser reevaluado por los profesionales de urgencias para comprobar si el nivel de prioridad se ha modificado y actuar en función del resultado.

Por otra parte, el decreto establece que todas las personas atendidas en el servicio de Urgencias que precisen ingreso hospitalario tienen derecho a ocupar una cama de hospitalización a la mayor brevedad posible y, en todo caso, en un tiempo máximo de 12 horas siguientes a la solicitud administrativa del ingreso. Si se supera ese tiempo máximo, el centro hospitalario habilitará sin demoras las camas necesarias con el fin de garantizar la prestación de una asistencia de calidad y la dignidad de las personas.

En el caso de que el centro hospitalario no dispusiera de las camas suficientes para atender los ingresos procedentes del servicio de urgencias, informará a los pacientes y les ofertará la posibilidad de ser ingresados en alguno de los centros hospitalarios públicos de la región en función al proceso clínico del paciente, la disponibilidad de camas y la proximidad. No obstante, y siempre que su estado de salud lo permita, el paciente podrá optar por permanecer a la espera de que se habiliten los recursos necesarios para su ingreso.

De otro lado, en el decreto queda recogido igualmente el derecho del paciente a estar acompañado por un familiar o persona de su confianza tras haber sido clasificado, salvo en aquellos casos y situaciones en los que sea incompatible con la prestación sanitaria.

Además, los profesionales sanitarios prestarán especial atención al derecho de acompañamiento de los pacientes dependientes, con deterioro cognitivo, trastorno mental o alteración del nivel de conciencia, personas con discapacidad auditiva, visual o movilidad reducida, y a las mujeres durante el segundo y tercer trimestre del embarazo o durante el proceso de parto.

Por otra parte, el decreto reconoce el derecho del paciente a que durante su estancia en el servicio de urgencias se le asigne un profesional médico y otro de enfermería responsables de su proceso, y que serán los encargados de proporcionar al paciente o sus familiares la información asistencial sobre su proceso clínico.

A este respecto, se establece que no podrán transcurrir más de doce horas sin que se haya facilitado al paciente o sus acompañantes información completa sobre el proceso asistencial y que en el caso de permanecer más de doce horas en urgencias serán informados cuando haya una modificación en el estado de salud o nueva información que facilitar.

Finalmente, y con el fin de preservar la seguridad de las personas residentes en las zonas rurales, el decreto establece que no se podrán suprimir los Puntos de Atención Continuada ya existentes en atención exclusivamente a argumentos basados en criterios de carácter económico. «No se va a poder cerrar las urgencias de los pueblos y quien tuviera esa tentación tendría que pasar por más trámites administrativos y legislativos», ha afirmado Hernando.

El Sescam publicará cada seis meses en su portal de transparencia la demora media en la recepción, acogida y clasificación de todas las personas atendidas en los servicios de urgencias, la demora media en los ingresos hospitalarios procedentes de urgencias y los tiempos que han transcurrido desde el triaje hasta la atención en cada uno de los niveles de prioridad.