Se aprueban 9,7 millones para financiar programas sociales en la región

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha informado este martes de la convocatoria de subvenciones para que entidades sin ánimo de lucro puedan atender fines sociales. Los proyectos se desarrollarán en 2020, en doce modalidades: la atención sociosanitaria integral de personas con enfermedad crónica, programas de salud mental, de promoción de la salud, la atención de personas con adicciones, la inclusión social, atención de la dependencia, mejora de la calidad de vida de personas con discapacidad o mayores, infancia y familia, juventud, voluntariado e igualdad de género.

Entre las novedades de este año, la consejera ha indicado que se ha anticipado la convocatoria a este mes de abril, cuando ediciones anteriores fueron en agosto, y se ha adaptado a leyes nuevas, como la ley para una sociedad libre de violencia de género y la de estímulo económico de zonas prioritarias.

Así, por ejemplo, las entidades que se presenten a la convocatoria no podrán haber sido sancionadas por prácticas laborales discriminatorias. Sánchez ha explicado que la convocatoria del 0,7 % de la asignación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) lo gestionan las comunidades autónomas desde 2017 y antes lo hacía el Gobierno de España.

En 2017, la convocatoria ascendió a 9,7 millones de euros, igual que la de este año. Sin embargo, falta que el Gobierno de España haga la distribución de créditos, que el año pasado ascendió a 822.000 euros para Castilla-La Mancha.

La consejera ha indicado que las subvenciones se abonarán en un único pago por adelantado y están dirigidas al tercer sector social (entidades sin ánimo de lucro) que es «un aliado imprescindible» en la atención a personas y colectivos vulnerables.

Sánchez dijo que en 2018 se desarrollaron 469 proyectos, a cargo de 210 entidades, y que en total fueron atendidas en torno a 300.000 personas, en programas como los de atención de necesidades básicas de personas sin hogar, empleabilidad de personas en dificultades y población gitana, mejora de empleabilidad y empoderamiento de mujeres en el medio rural, tratamiento de personas con adicciones, prevención de la violencia de género, atención a menores, conciliación, prevención de la violencia intrafamiliar y refuerzo educativo, envejecimiento activo o apoyo a la discapacidad, entre otros.