Más de 100 ayuntamientos piden a la CHT «mayor flexibilidad» para realizar «obras urgentes» sin ser sancionados

En total, 95 ayuntamientos de la provincia de Guadalajara y dos de Madrid, 2 asociaciones, 11 Eatim y 4 mancomunidades, han manifestado este lunes su «oposición y rechazo» hacia «determinadas actuaciones» por parte del organismo estatal que, «sin atender a razones y basadas en normativas arcaicas y a menudo con apariencia especulativa, acaban perjudicando a nuestros municipios, con graves consecuencias sociales y sanitarias para nuestros vecinos, además de las económicas«, han señalado a través de un comunicado de prensa.

A juicio de estos municipios, muchos de los cuales se han visto afectados por sanciones de este tipo, estas actuaciones por parte de la CHT solo pueden calificarse como «caprichosas, coercitivas y con afán meramente recaudatorio, sin tener en cuenta las consecuencias que de ellas se derivan".

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«Es incomprensible que municipios con cuatro o diez habitantes, y presupuestos de 30.000 euros o menos, puedan asumir la construcción de las depuradoras y mucho menos el mantenimiento de las mismas», expone Lucas Castillo, presidente provincial del partido

En cualquier caso, a través de una nota de prensa, todos ellos manifiestan su «buena voluntad y disposición» para reconducir y solucionar las causas que acaban motivando estos problemas.

Par a ello, solicitan una reunión con la Subdelegación del Gobierno, con el fin de poder abordar algunos asuntos de interés para ellos como el de mejorar los mecanismos de comunicación con la Confederación Hidrográfica del Tajo, al objeto de facilitar el acceso a la información por parte de sus municipios porque «no, por pequeños, merecedores de menor respeto y consideración».

También reivindican realizar limpiezas «regulares y sistemáticas» de los cauces de sus ríos y arroyos a fin de «evitar o paliar» las consecuencias negativas de posibles crecidas o riadas y que las posibles sanciones a imponer sean «en casos absolutamente necesarios y basadas en criterios razonados y razonables».

Además, demandan una mayor «flexibilidad» por parte de la CHT para que los pueblos realicen las obras urgentes o necesarias en sus términos, sin temor a ser sancionados ya que son sus propios vecinos y sus representantes, los máximos interesados en mantener sus cauces en condiciones óptimas.

También exigen establecer mecanismos de mediación y arbitraje en casos de discrepancias entre las partes.

«Creemos que la Confederación tiene una magnífica oportunidad de rectificación y para ajustar su organización con la finalidad de dar un servicio más cercano, más proporcional y, sobre todo, más justo a los municipios sobre cuyas cuencas hidrográficas tiene competencia», concluyen.