El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en Ginebra, Suiza, en diciembre
El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en Ginebra, Suiza, en diciembre - Reuters

Puigdemont también manipula palabras del Rey ante el juez belga

En el escrito cambia «determinadas» por «las» autoridades de Cataluña

MadridActualizado:

El expresidente fugado de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha vuelto a tergiversar las pruebas presentadas ante la Justicia belga. Si el pasado verano manipuló unas declaraciones del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruyó la causa del 1-O, ahora no ha dudado en tergiversar el mensaje que el Rey transmitió por televisión la noche del 3 de octubre de 2017.

Esta nueva manipulación consta en los documentos presentados la pasada semana ante el Tribunal de Primera Instancia del Juzgado francófono de Bruselas por Puigdemont y los exconsejeros huidos, quienes han decidido ampliar al Reino de España la denuncia contra el juez Llarena.

En las conclusiones de la acusación, Puigdemont y sus abogados han aportado una pieza, la número 3, que según ellos demostraría que el Rey habría abandonado su «reserva y atacado a los catalanes». Dicha pieza es un enlace a un artículo periodístico publicado en «Express Business» que hace referencia al mensaje que dirigió Don Felipe el 3-O cuyo titular es: «El Rey de España: las autoridades catalanas han mostrado una deslealtad inadmisible». En el texto, agrega que «las autoridades catalanas violaron sistemáticamente las normas aprobadas legalmente e hicieron prueba de una deslealtad inadmisible».

Sin embargo, el Rey no se refirió a «las autoridades catalanas» la noche del 3-O, sino a «determinadas autoridades de Cataluña». Sus palabras textuales fueron: «Determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitucion...» y «demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado...».

Esa misma noche, la Casa del Rey tradujo el mensaje al francés: «Certaines autorités de la Catalogne». La ampliación de la denuncia al Reino de España se produjo después de que el Estado decidiera asumir la defensa del magistrado Llarena al que los separatistas fugados habían denunciado.