Desde el cargador hasta las bajas por paternidad: así nos regula la eurocámara

Bruselas es un gran paraguas que marca las pautas legislativas para el futuro, de manera que los Parlamentos nacionales van incorporando esas líneas maestras a su cuerpo normativo. Y, aunque Bruselas a veces parece que está demasiado lejos, las decisiones que allí se toman lo empapan todo. Este mismo año, que aún no ha llegado a su ecuador, se ha traspuesto a la legislación española una directiva europea sobre la conciliación de la vida familiar y profesional de los progenitores y de los cuidadores, una batería de medidas que entra de lleno en los domicilios.

El año pasado se adaptaron a nuestra legislación siete directivas europeas con medidas, entre otras cuestiones, para proteger a las personas que informan sobre infracciones normativas y contribuyen así a luchar contra la corrupción; sobre los mercados de valores e inversión en España o para mejorar la cooperación entre los países miembros en el ámbito de la fiscalidad. También se han aprobado iniciativas contra la sequía, un mal que no sólo afecta a España sino a buena parte del continente, el fomento del transporte público o la prevención de riesgos laborales.

En el año 2022 el impulso europeo llegó a los residuos y los plásticos, una regulación que los españoles han incorporado a sus vidas cada día a la hora de reciclar: la implantación de nuevas recogidas separadas de residuos, así como el depósito de estos en vertederos y su incineración; el impulso de un espacio ferroviario único para el conjunto de la Unión; la creación de la Agencia para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) o, muy importante, el reglamento que aborda la nueva Política Agraria Común (PAC).

La lucha contra el blanqueo de capitales en un mundo cada vez más global fue una de las principales iniciativas europeas incorporadas a nuestra legislación en 2021. Ese mismo año también se reforzó la coordinación entre los países miembros para perseguir este delito a través de la creación de una Fiscalía Europea: esta medida se visualizó la semana pasada cuando esta nueva institución decidió involucrarse en el caso Koldo y reclamó al juez de la Audiencia Nacional toda la información relativa al presunto uso que esa trama delictiva hizo de los fondos europeos. También hubo novedades legislativas en el ámbito de la cadena alimentaria y los residuos.

Precisamente, la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global ha sido una de las banderas de esta legislatura comunitaria, en la que la Comisión Europea ha estado presidida por la alemana Ursula von der Leyen gracias a un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista europeos.

En este sentido, en el año 2020 el legislativo español abordó una cuestión previamente aprobada en Europa en relación a la regulación de los gases de efecto invernadero y otros textos vinculados a la búsqueda de la eficiencia energética o al fomento del uso de la energía procedente de fuentes renovables. Tampoco se escapa a la regulación comunitaria el mercado interior del gas natural.

Igualmente, vieron la luz verde nacional planes europeos relacionados con la armonización del impuesto del IVA y de los litigios fiscales o, en el ámbito de la seguridad, el uso de datos de pasajeros para la prevención del terrorismo. Medidas como ésta también tuvieron protagonismo en el año 2019, donde viajaron hacia España normas relacionadas con la propiedad intelectual, los secretos empresariales o cuestiones vinculadas a los contratos inmobiliarios o al ámbito financiero.