El caos en las cárceles sobrepasa a la administración vasca: «Todavía no ha ocurrido, pero la desgracia llegará»

De acuerdo con los datos que hace públicos la propia Consejería de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, a cargo de la Administración Penitenciaria desde que en 2021 fuera transferida la competencia, las cárceles de Zaballa (Álava), Basauri (Vizcaya) y Martutene (Guipúzcoa) acogen a un total de 1766 internos e internas en el último recuento de marzo de 2025. Un número que duplica el fijado por el Departamento de Justicia, que marca en 719 la «capacidad óptima» del sistema penitenciario. Sobreocupación que afecta especialmente a la cárcel de Basauri, donde se cuadruplica (462) la «capacidad máxima» del penal (157).

A dicha situación se une la disminución progresiva de la plantilla de funcionarios de prisiones, después de los últimos concursos de traslados, que el Gobierno vasco trata de paliar con el pago de horas extra y la contratación de interinos, que reciben un curso de dos semanas y son tutorizados posteriormente por quienes llevan más tiempo en el puesto.

De acuerdo con una respuesta parlamentaria del Gobierno vasco preguntado por el PP, en los últimos dos años esto supuso un sobrecoste de cerca de un milló ny medio de euros en horas extras del personal penitenciario (828.000 euros en 2023 por el pago de 55.000 horas y 529.000 euros en 2022 por el pago de 30.000 horas).

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El director de Servicios Penitenciarios del Gobierno Vasco, Pablo Martínez Larburu, ya compareció a finales del mes de marzo para tratar de explicar la problemática. Con tres décadas de experiencia en el sector, pero habiendo asumido el puesto a principios de enero, calificó como algo «normal» la decisión de alrededor de 87 funcionarios de solicitar a mediados de marzo el traslado a otras prisiones de España. Un movimiento que se suma a otro parecido, de otros 200 profesionales, a finales de 2024 y que el Gobierno vasco trata de solventar con interinidades hasta que se pueda celebrar una nueva Oferta Pública de Empleo (OPE), que no está prevista para antes de 2026.

En cuanto a los interinos, explicó que reciben una formación donde «se imparten conocimientos básicos sobre las normas y las técnicas elementales de actuación». «Al final, muchas veces para estos puestos de trabajo en los que el cuerpo a cuerpo es tan importante, lo que te da experiencia es el patio, estar en el tú a tú», puntualizó Martínez Larburu antes de reconocer que esa experiencia tampoco puede adquirirse en ese tiempo.

Según él, se trata de explicar a los asistentes «dónde van a entrar y a qué se van a enfrentar». «No todo el mundo se presenta al examen porque hay gente que se da cuenta. Si tú preguntas, yo soy cajera de Eroski, pero bueno, vengo aquí a probar; pues esta mujer, o este hombre, no tiene muy claro a qué viene, pero bueno, él o ella verá», afirmó. Entonces, el director de Servicios Penitenciarios dijo que ya se habían realizado cuatro cursos y que 241 personas habían superado ese proceso, siendo incorporadas a la bolsa de trabajo de interinos, que esperan añadir a una plantilla que ronda los 600 trabajadores.

A partir de ahí, desde sindicatos de funcionarios como el CSIF han seguido reclamando medidas para evitar las situaciones de riesgo. Algunas de ellas denunciadas ante la dirección de los propios centros y donde se habrían producido lesiones de los trabajadores en el intento de reducir a presos. Desde el Departamento de Justicia, cuestionado acerca de la posibilidad de tomar algún tipo de medidas más allá de las puestas en marcha hasta el momento y a la espera de que se resuelva la OPE, trasladan que estos son los medios con los que se cuenta y que los procesos de traslados ya estaban preconfigurados antes de que el Gobierno actual asumiera la cartera, que ha recaído por primera vez en el Partido Socialista de Euskadi (PSE). Misma línea que la que esgrimió el director de Servicios de Prisiones, cuando afirmó que las «deficiencias» ya existían antes del traspaso de 2021.

Traspaso que, según diversas fuentes policiales, además estaría dificultando el acceso a la información de lo que sucede en el interior de los presidios vascos a los responsables de la lucha contra el terrorismo, siendo este un punto clave en la prevención y detección de los procesos de radicalización. Una cuestión que deriva del desacople de la Administración Penitenciaria vasca de la estructura del Ministerio del Interior, a diferencia de antes de que este se produjera y cuando el contacto entre responsables era mucho más fluido que después de pasar a depender del Gobierno vasco.