La Fiscalía de Cantabria incoa diligencias de investigación a una consejera y al director general de Biodiversidad por la orden para cazar lobos

Fuentes del ministerio público han confirmado a Europa Press que se han iniciado actuaciones para investigar lo denunciado por Ecologistas en Acción y la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL). Esta última organización denunció a Serdio por un supuesto delito de prevaricación a cuenta de dicha resolución, y Ecologistas en Acción a ambos, también por presunta prevaricación y un posible ilícito contra la fauna en la autorización y ejecución de la orden para eliminar lobos, publicada el 2 de abril y que empezó a materializarse en Polaciones y Campoo.

En concreto, Ecologistas responsabiliza al director de Montes y Biodiversidad de haber dictado la resolución que establece la caza de 41 ejemplares «antes» de que entrara en vigor la Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, por la que el lobo salió del LESPRE.

Y además, recriminaban a la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación que no resolviera el recurso de alzada presentado por esta asociación ni se pronunciara tampoco sobre la solicitud de suspensión cautelar de la orden interesada, «ignorando el riesgo de daño irreversible a una especie protegida».

Tras conocerse estas denuncias y actuaciones judiciales de ASCEL y Ecologistas en Acción, Susinos y Serdio se mostraron «tranquilos» al entender que están actuando «con la ley en la mano». Además, desde la Consejería aseguraron que iban a continuar con la hoja de ruta marcada, al considerar «imprescindible» el control poblacional del lobo para garantizar la adecuada coexistencia con los ganaderos y sus animales.

Hace una semana, Cantabria había eliminado ya nueve ejemplares en cuatro zonas de la región y tenía activas en ese momento otras 21 extracciones.