Cándido Conde-Pumpido: un magistrado dispuesto a mojarse por Sánchez

Aunque al día siguiente de esta declaración, el propio Conde-Pumpido aseguraba que «los jueces tienen que seguir adoptando sus decisiones conforme a criterios profesionales y jurídicos», el fiscal general nunca ocultó que el Ministerio Público debe estar comprometido con la transformación de la realidad social. «El vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino», diría públicamente Conde-Pumpido seis meses después de la declaración de alto el fuego de ETA.

No hay duda de que este capítulo ha marcado en buena medida la trayectoria profesional de quien parte como favorito en la carrera por la Presidencia del TC y quien concita tantas simpatías como animadversiones en el mundo jurídico. No en vano, Conde-Pumpido es un auténtico referente para la izquierda judicial, urdidor de estrategias entre bastidores y en quien el Gobierno va a confiar el andamiaje doctrinal sobre el que se sustentará en buena medida su política de «pacificación» con el independentismo catalán. Porque, a juzgar por las palabras de Pere Aragonès, todo apunta a que la supresión del tipo penal de sedición ha sido solo el principio. «Queda camino por recorrer», dijo el presidente de la Generalitat el jueves, tras hacerse público el anuncio de Sánchez.

El periodo en el que Conde-Pumpido fue fiscal general representa apenas siete de los cuarenta y ocho años de trayectoria profesional de un magistrado de quien de forma unánime se destaca su inteligencia, preparación jurídica y autoría «de las mejores sentencias de la Sala Segunda del Supremo», tribunal del que su padre, fallecido hace apenas tres años, fue teniente fiscal.

Y es que Conde-Pumpido (La Coruña, 1949) pertenece a una larga saga de juristas. También su abuelo fue presidente de hasta tres audiencias territoriales. Se licenció en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Santiago de Compostela y desde su primer destino en Puebla de Sanabria (Zamora) hasta su aterrizaje, en 2017, en el Tribunal Constitucional, pasó por la Audiencia Provincial de San Sebastián, por la de Segovia (que presidió) y por la Sala Segunda del Supremo, donde fue el magistrado más joven nombrado para el Alto Tribunal.

Aquí estuvo en dos etapas interrumpidas por su mandato al frente del Ministerio Público. Casado en segundas nupcias con la magistrada del Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Clara Martínez de Careaga, tiene tres hijos. El primogénito, el cuarto Cándido de la familia, fruto de su primer matrimonio, es también abogado.

De su paso por el País Vasco durante el primer lustro de los ochenta, los años de plomo de ETA, compañeros que coincidieron con él recuerdan, en declaraciones a ABC, cómo les curtió aquella época en la que la banda terrorista mataba a cien personas por año, una cada tres días. «Fue una auténtica escuela para nosotros, todos jueces jóvenes».

Por lo pronto, a los pocos meses de aterrizar Conde-Pumpido en la Audiencia Provincial de San Sebastián, donde compartió tribunal con otros togados gallegos, ETA mataba con cinco disparos, previa tortura, a Ramiro Carasa, jefe de Traumatología de la Residencia Nuestra Señora de Aránzazu por haber dado parte al juzgado de la atención sanitaria a un etarra herido de bala. El crimen causó consternación en una sociedad vasca a la que se lanzaba un aviso claro.

Durante esa época el joven Conde-Pumpido, que tenía 30 años, coincidió con Juan Alberto Belloch, después ministro de Justicia e Interior y posteriormente alcalde de Zaragoza; Joaquín Giménez, presidente de la Audiencia de Bilbao y luego magistrado del Supremo; el también gallego y magistrado del Alto Tribunal Alberto Jorge Barreiro; el recientemente jubilado vicepresidente del Supremo, Ángel Juanes, o los hoy fiscales de Sala del Supremo Javier Zaragoza y Elvira Tejada.

Algunos creen que fueron sus vivencias en el País Vasco durante este lustro los que llevaron a Conde-Pumpido a alinearse con el Gobierno de Zapatero durante las negociaciones con ETA soslayando en ocasiones, opinan fuentes jurídicas, el compromiso de la Fiscalía con la legalidad. Sostenía entonces que «la Justicia no está para favorecer procesos políticos, pero tampoco para obstaculizarlos», palabras sobre las que hoy, en plena negociación de Sánchez con el independentismo, sobrevuela el posible acercamiento de decisiones del próximo TC progresista a tesis favorables al nacionalismo catalán, que ya pide volver a votar.

Lo cierto es que en aquella época las víctimas del terrorismo se sintieron abandonadas. «Todos nos acordamos de las togas y el polvo del camino cuando vemos a Conde-Pumpido», se sinceran fuentes de la AVT. Fueron años duros en la Audiencia Nacional, en los que el fallecido fiscal-jefe Eduardo Fungairiño sirvió de muro de contención con la Fiscalía General sin que se pudieran evitar actuaciones más que discutibles, como la retirada de la acusación a Arnaldo Otegi (en marzo de 2017) por enaltecimiento del terrorismo (la Fiscalía pedía 15 meses por un homenaje a la etarra Olalla Castresana, que murió mientras manipulaba un artefacto explosivo) o el polémico juicio al etarra De Juana Chaos, en el que el Ministerio Público rebajó a 13 años una petición de pena que se había fijado inicialmente en 96 años. El fiscal del caso, el hoy fiscal-jefe de la Audiencia Nacional Jesús Alonso, se negó a asumir esta rebaja y tuvo que ser sustituido en la vista por su compañero Fernando Burgos.

Pero no todo fue polémica en el paso de Conde-Pumpido por la Fiscalía, porque al menos en cuestión de medios materiales, el hecho de que tuviera «hilo directo» con Zapatero «sin necesidad de pasar por la ventanilla del Ministerio de Justicia» se tradujo en un «fortalecimiento de la institución» con el incremento de su plantilla y la creación de especialidades, como las de violencia de género, medio ambiente, siniestralidad vial o extranjería.

«Tenía fuerza política y económica y son innegables sus logros para la carrera y para la institución», comenta un destacado representante del Ministerio Público de perfil conservador.

Uno de sus mayores éxitos fue la reforma del Estatuto Fiscal para limitar las causas de cese del fiscal general, hasta ese momento absolutamente discrecionales para el Gobierno que le nombraba. También su intensa actividad en Anticorrupción, pues durante sus años de mandato se inició la investigación de los casos más relevantes y conocidos en esta materia: Malaya, Palma Arena, Palau, Ballena Blanca, Gürtel o Brugal.

Durante su primera etapa en la Sala Penal del Supremo (1995-2004) se especializó en delitos económicos y fiscales y formó parte de los tribunales que en aquella época resolvieron recursos de casación que afectaban a un gran número de perjudicados, como fueron el segundo juicio de la colza o el derrumbamiento de la presa de Tous.

Fue el ponente de las sentencias que pusieron el punto final a la carrera de tres presidentes autonómicos: Gabriel Urralburu, de Navarra, por cohecho; Juan Hormaechea, de Cantabria, por injurias; e Ignacio Velázquez, de Melilla, por prevaricación. Y también lo fue de fallos que aumentaron las condenas dictadas en casos de corrupción relevantes, como la del exdirector general de la Guardia Civil Luis Roldán (de 28 a 31 años), el caso Intelhorce (irregularidades en el proceso descapitalización de la empresa textil) o el túnel de Sóller. Además, formó parte del grupo mayoritario de magistrados que condenó, entre otros, al exministro de Interior José Barrionuevo por el secuestro de Segundo Marey.

De su segunda etapa en el Alto Tribunal (2012-2017) su actuación más conocida fue la toma de declaración como imputada de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá por el caso Imelsa. Su fallecimiento, cuarenta y ocho horas después de su comparecencia en el Tribunal, causó un enorme impacto en el magistrado, que apeló a la inocencia de cualquier imputado hasta el momento de la apertura del juicio oral.

Fuentes del Alto Tribunal aseguran que Conde-Pumpido mantuvo una relación cordial con sus compañeros, aunque son de sobra conocidos los «enfrentamientos dialécticos» que mantuvo con el magistrado ya fallecido Roberto García Calvo y más recientemente con el presidente de la Sala, Manuel Marchena, con quien en 2004 coincidió apenas dos meses en la Fiscalía: los que mediaron entre el nombramiento de Pumpido y el cese de Marchena como fiscal-jefe de la Secretaría Técnica bajo el anterior mandato de Jesús Cardenal. Diez años después, en 2014, ya como magistrados del Supremo, ambos compitieron por la Presidencia de la Sala Segunda. Pumpido obtuvo siete votos frente a los doce de Marchena.

Para los progresistas, entre los platos fuertes de Conde-Pumpido en su carrera a la presidencia del TC, donde aterrizó en marzo de 2017, está su formación y solvencia jurídica, pero también un poder sugestivo por el que habría conseguido, según mantienen algunos de sus compañeros, que el anterior presidente, Juan José González Rivas, votara en contra de la sentencia mayoritaria que consideró inconstitucional el estado de alarma de Sánchez.

Este asunto, vital para el Ejecutivo, abrió una guerra interna en el tribunal en la que varios magistrados llegaron a denunciar presiones de la entonces vicepresidenta Carmen Calvo, como informó ABC en exclusiva y denunciaría después la propia Encarnación Roca públicamente en un Pleno.

Tal fue la alineación de Pumpido con el Gobierno en esa ocasión, que en su afán por defender su gestión, dictó un voto particular tan duro contra sus compañeros que se vio obligado a retirar descalificaciones y ofensas como la de «juristas de salón» o «legos». No en vano fuentes próximas al magistrado en cada una de las etapas profesionales de su vida coinciden en que es difícil que dé su brazo a torcer cuando cree que tiene razón.

Sin embargo, en el asunto del independentismo hay absoluta coincidencia en las fuentes consultadas en que el magistrado no comulga con estas tesis, algo que ha manifestado tanto en privado como en público. Precisamente por una conferencia que pronunció el 23 de noviembre de 2017 en el Congreso en la que manifestaba su preocupación por el desafío secesionista en Cataluña se vio obligado a abstenerse de los asuntos del 'procés'.

En su intervención el magistrado aludió a la «pretensión de subvertir el Estado social y democrático de derecho utilizando fraudulentamente la propia bandera la democracia». Con las leyes de desconexión, agregó Pumpido entonces, «(...) se han alzado frente a la soberanía nacional residenciada en el pueblo español convocando a una fracción del pueblo catalán, en desafío a la unidad de la nación, a decidir la suerte del Estado común».

Hasta el momento de su abstención, en abril de 2021, Pumpido no solo fue uno de los encargados de ordenar las decenas de recursos y escritos vinculados al 'procés', sino que tuvo una contribución esencial en el bloque progresista para que todas las decisiones que el TC debía tomar relativas al 'procés' se tomaran por unanimidad para no dar alas a los independentistas ante Estrasburgo.

La resolución de los primeros recursos de los condenados del 'procés', en los que ni Pumpido ni el conservador Antonio Narváez pudieron participar ya por su recusación, rompió esa unanimidad y el vicepresidente del Tribunal, Juan Antonio Xiol, y María Luisa Balaguer empezaron a cuestionar la proporcionalidad de las penas por sedición de quienes luego serían indultados.

Ambos han puesto en bandeja al Gobierno los argumentos para la supresión del delito de sedición del Código Penal. Xiol es uno de los cuatro magistrados que tenían que haber abandonado el tribunal en junio. Sorprendentemente hasta hace unas semanas magistrados del sector conservador del TC estaban dispuestos a apoyar a María Luisa Balaguer como alternativa a Pumpido para neutralizar la capacidad de liderazgo, influencia y estrategia que una parte de la judicatura atribuye al ex fiscal general.

Fuentes jurídicas del ámbito progresista moderado aseguran que es precisamente esa capacidad de liderazgo el mayor valor del magistrado en un momento en el que el TC «probablemente tenga que hacer equilibrios para contentar a los socios de Sánchez sin romper en ningún caso la unidad de España», algo por lo que el Conde-Pumpido «nunca pasaría».

«Cándido es el único capaz de embridar a magistrados que pretendan trasladar sus votos particulares al ámbito independentista», subrayan en el Supremo. Se refieren en concreto a la posibilidad de que en esta próxima renovación entren en el tribunal perfiles «más extremistas», como el de Joan Ridao, Marc Carrillo o Pérez Royo, favorables a las tesis independentistas.

Fuentes del sector conservador de la judicatura coinciden en que el magistrado no participará de ninguna ruptura. «No es independentista ni va a acceder a todo. Una cosa es no darles alas y otra beneficiarles todo lo posible vistiendo el muñeco de la forma más adecuada, es decir, proporcionando un ropaje jurídico como él sabe hacerlo. Pero en el fondo es político y hará lo que le diga el Gobierno». «Si interesa tender una alfombra roja a los independentistas, se va a plegar», sentencia un destacado fiscal.