José Manuel Soria, ayer en Santa Cruz de Tenerife, durante un desayuno con la prensa parlamentaria

Soria denuncia ante el TSJC a la juez Rosell por un comunicado de JpD

El presidente del PP canario quiere que se investigue si el documento fue elaborado por su pareja sentimental, el periodista Carlos Sosa, desde un ordenador de la Dirección General de Justicia del Gobierno de Canarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE Actualizado:

El presidente del PP canario, José Manuel Soria, presentó ayer una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra el periodista Carlos Sosa y la magistrada Victoria Rosell en relación a un comunicado de prensa de Jueces para la Democracia (JpD). Según expuso Soria, ese comunicado fue enviado como documento tipo word el pasado 3 de diciembre, y en las propiedades del archivo figura como autor la Dirección General de Justicia del Gobierno de Canarias, mientras que en el apartado «guardado por» figura «carlos».

El presidente del PP ya ha pedido un acta notarial sobre las propiedades del archivo para adjuntar a la demanda que presentó el lunes ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Además, anunció que, «con ese acta notarial, le voy a pedir al Gobierno de Canarias que investigue por qué un texto de Jueces para la Democracia está hecho desde un ordenador del Gobierno y hecho por el periodista».

Soria cree que ese «Carlos» que aparece en las propiedades del documento word es Carlos Sosa, periodista, director del periódico digital Canarias Ahora y pareja sentimental de Rosell. Hace dos años presentó una querella contra el presidente del PP canario por el «caso Salmón», la cual no prosperó. En un desayuno informativo ofrecido ayer en Santa Cruz de Tenerife, Soria volvió a comparar que el que fuera presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, José Antonio Martín, fue apartado «de inmediato» de la carrera judicial por una cuestión «bastante menos grave de la que hemos denunciado».

Soria también criticó las afirmaciones del entorno de la jueza Rosell respecto a que no se ha realizado esta acusación hasta que la magistrada comenzó a investigar el concurso de hemodiálisis. «Ese argumento de defensa me parece legítimo, pero muy débil», aseguró el presidente del PP.

Informe

Y no es la única cuenta pendiente que tienen Soria y Rosell, titular del Juzgado Número 8 de Las Palmas. El pasado lunes, el presidente de los populares canarios presentó una demanda ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acompañado de María Dolores de Cospedal y Federico Trillo, altos cargos del partido. Lo importante de este caso, dijo ayer, «es que hay una jueza que ha redactado una querella y, además, cuando se archiva la querella publica un manifiesto criticando ese archivo». A Soria se le acusaba en 2005 de un delito de cohecho por un viaje que realizó en 2005 a Austria y Noruega cuando era presidente del Cabildo de Gran Canaria.En esa línea, apuntó también que no acudió a un notario hasta que se enteró del contenido de las propiedades del archivo, que llevaba desde 2008 colgado en la web de El País. El informe del notario está fechado el 12 de noviembre, «cuando la jueza ha denunciado que entraron en su ordenador el 13 y el 14», añadió Soria.

En la demanda se acusa a la juez de la comisión de dos faltas, una muy grave y otra grave. La primera, su autoría o participación en la redacción de la querella del «caso salmón» que presentó su pareja, Carlos Sosa, y la segunda, la suscripción de un manifiesto publicado en distintos medios de comunicación en el que se criticaba el archivo de la denuncia. Si la demanda prospera, Rosell puede enfrentarse a una suspensión, un traslado forzoso o incluso, la retirada de la carrera judicial. Además, puede ser castigada con multas que oscilan entre lo 300 y los 3.000 euros.

La denuncia se ampara hasta en cuatro contradicciones públicas de la magistrada, e insiste en sus quejas por la falta de seguridad del sistema informático Atlante II que denunció en el mes de noviembre. En cambio, se citan testimonios de otros magistrados y de representantes de la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias que defienden la fortaleza del sistema. Soria se basa también en un artículo de opinión de Elfidio Alonso, ex Fiscal General del Estado y conocido militante socialista, en el que recomienda a Rosell que abandone la carrera judicial tal y como él mismo hizo por su incompatibilidad con la militancia socialista.