El sinhogarismo repunta un 23% en Tenerife en 2024 con la cifra más alta en cinco años

El informa apunta que el sinhogarismo crece por la grave crisis en el acceso a la vivienda, la influencia de la gestión turística y migratoria y las deficiencias estructurales del sistema de protección.

El documento revela la existencia de un total de 2.838 personas en situación de sinhogarismo en Tenerife durante 2024, lo que supone un agravamiento de una crisis social que ya alcanza dimensiones estructurales en la provincia. El informe desgrana las múltiples caras de una emergencia habitacional que se extiende por los 31 municipios de Tenerife.

Lejos de limitarse a las personas que pernoctan en la calle, señala el estudio todas las formas de exclusión residencial definidas por la 'tipología ETHOS' (una clasificación europea que define y categoriza las diferentes situaciones de sinhogarismo y exclusión residencial). Estas van desde quienes malviven en infraviviendas o asentamientos improvisados, hasta quienes sobreviven en alojamientos temporales o se hacinan en condiciones inhumanas, detalla Cáritas en una nota.

Estas variadas situaciones de vulnerabilidad han sido incluidas en el informe en función de los distintos escenarios de exclusión residencial que se encuentran los equipos técnicos de atención a este colectivo con los que cuenta Cáritas Diocesana de Tenerife.

En este sentido, la radiografía del sinhogarismo en Tenerife muestra una distribución geográfica desigual pero significativa, que destaca en Santa Cruz de Tenerife donde se concentra el 37,1% del total, seguida de Arona (10,8%), Adeje (9,5%) y Puerto de la Cruz (9,5%).

Estos cuatro municipios, junto con San Cristóbal de La Laguna (8,4%) y Granadilla de Abona (6,3%), reúnen al 81,6% de todas las personas afectadas por esta situación, lo que refleja claramente la correlación entre el incremento y las condiciones del mercado de acceso a la vivienda de alquiler residencial, que determina en la actualidad que más personas se encuentren en exclusión residencial.

Ello se debe fundamentalmente al aumento de viviendas vacacionales, el desorbitado aumento de precios de la vivienda libre y el déficit de vivienda social generalizado y sostenido durante décadas a nivel nacional.

En cuanto al perfil de las personas afectadas, el 76,5% son hombres y el 23,5% mujeres, mientras que el 29,2% son personas de origen extranjero, muchas de ellas atrapadas en «laberintos administrativos».

El análisis de las trayectorias vitales que llevan a las personas a este tipo de exclusión revela que el 49,9% de las afectadas provenían de situaciones de vivienda normalizada antes de caer en la exclusión.

Así, la pérdida del hogar familiar (26,1%) o los impagos del alquiler (7,2%) aparecen como desencadenantes frecuentes, desmontando el prejuicio que asocia el sinhogarismo exclusivamente con patologías previas.

En esta línea, desde Cáritas Diocesana de Tenerife entienden que estas situaciones evidencian las carencias del Plan de Vivienda 2020-2025 del Gobierno de Canarias, cuya inversión económica debía derivar en una mejora en el acceso de la vivienda para la mayoría de la población residente, a través de la construcción de unas 5.000 viviendas nuevas en cuatro años, «algo que, a día de hoy, no se ha producido, ya que según datos del Istac, sólo se han construido 1.152 viviendas en régimen protegido».

A esta circunstancia se suma que un tercio de las personas solicitantes de ayudas de alquiler durante el periodo 2024-2025 no han podido acceder por agotarse el presupuesto, a pesar de que en ese mismo periodo entre 2020 y 2025 se han inscrito como demandantes de vivienda 27.500, unas 10.500 solicitudes más que en el periodo anterior.

Todas estas medidas y respuestas «insuficientes» por parte de las administraciones públicas, apunta Cáritas, expone a un mayor número de personas a la vulnerabilidad social, especialmente, al colectivo de personas en exclusión residencial extrema, que en la mayoría de los casos presentan mayores dificultades para reintegrarse en la sociedad o sostener sus proyectos de vida.

De hecho, las causas que articulan estas situaciones se dibujan en un entramado de fallos sistémicos: carencia de red de apoyo (43,1%), barreras administrativas (15,3%) --especialmente la irregularidad migratoria-- y dificultades económicas (11,6%).

Por si esto fuera poco, los desahucios por impago de alquiler aumentaron un 4,5% en 2024 a nivel nacional, y Canarias se situó como la tercera comunidad más afectada.

El informe tilda el impacto en la salud de la exclusión residencial como «devastador», subraya la organización, el 44,5% de las personas de este colectivo padece enfermedades crónicas, con especial prevalencia de trastornos mentales graves (14,8%), depresión (9,2%) y ansiedad (8,3%).

La comorbilidad afecta al 23,5% de los casos, y más de la mitad de estas personas conviven con tres o más patologías simultáneas.

Igualmente, la autopercepción del estado anímico dibuja un panorama «desolador», indica Cáritas, ya que el 87,3% se declara desesperanzado respecto al futuro, el 83,1% padece insomnio y el 82,7% sufre tristeza persistente, evidenciando la unión entre exclusión y deterioro físico-mental.

Este quinto informe elaborado por Cáritas se alinea con el Marco Estratégico Insular para la Inclusión Social presentado hace apenas un año por el Cabildo Insular de Tenerife, que propone intervenciones en cuatro ejes: prevención, acceso a derechos, respuestas adaptadas y gobernanza.

A través de dicho marco reclama la implementación urgente de actuaciones vinculadas al aumento del parque de vivienda social, la agilización del empadronamiento y la creación de equipos puente entre la calle, los servicios sociales y sanitarios.

Y el Cabildo, además de reclamar a través de este documento la implementación de estas medidas, impulsa desde el área de vivienda y cooperación nuevas líneas de actuación relacionadas con proyectos de viviendas sociales para las familias tinerfeñas.

Por su parte, Cáritas insta a todas las administraciones a asumir su responsabilidad como «garantes de derechos» y a trabajar de forma coordinada para implementar las soluciones que en muchos casos ya existen sobre el papel.

«La vivienda es un derecho humano, no un privilegio», recuerda el informe, citando la Declaración de Lisboa de la Comisión Europea en 2021, donde los estados miembros se comprometieron a que «nadie debe dormir a la intemperie por falta de un alojamiento accesible, seguro y apropiado».