Inés Rojas, consejera de Bienestar Social. - ACFI PRESS

Rojas, irónica frente al informe de HRW: «Quien no toma potaje dice que pasa hambre»

La consejera de Bienestar Social asegura que la ONG incurre «en tremendos errores»

SANTA CRUZ DE TENERIFE Actualizado:

La consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, arremetió ayer en el Parlamento contra la Organización No Gubernamental (ONG) Human Rights Watch (HRW), que en su último informe denuncia que los menores extranjeros tutelados por la Comunidad Autónoma están «en una situación de riesgo que amenaza su bienestar» y alerta de que los centros no cumplen las normas mínimas de acogida del propio Gobierno de Canarias.

«HRW viene dos días y pasa unas horas con los chicos, que les dicen que tienen frío y pasan hambre, porque no les gusta el potaje. Todos los chicos a los que no les gusta el potaje si se les pregunta dicen que pasan hambre», afirmó Rojas. La consejera insistió en que el informe «tiene tremendos errores» en sus valoraciones y aconsejó a HRW a que «vayan a África y hagan un informe, pues es allí donde se vulneran los derechos de los menores, no en Canarias», informa Acn. Rojas recordó que en 2007, apenas tomó posesión del cargo, otro informe de esta organización «decía que había abusos de menores y que lo sabían desde febrero, pero no lo comunicaron hasta junio».

Investigaciones

«No sé como pudieron dormir tranquilos durante 4 meses sabiendo que había abusos y no lo denunciaron, esperando para comunicárselo a los medios, que es lo que hacen siempre en vez de denunciar». Rojas, que afirmó que hay organizaciones que trabajan con menores en Canarias «mejores» que HRW, «sí investigó y lo puso en conocimiento judicial, pero no hubo nada» que justificara el informe.

La diputada socialista Olivia Cedrés achacó a la consejera que no compareciera a petición propia para explicar en el Parlamento un informe que «manifiesta que falta de calefacción, que el frío es penetrante en La Esperanza, que hay incidentes de violencia, que faltan educadores y salas de estudio y que no existen mecanismos de denuncia ante posibles acosos». Cedrés, que defendió a HRW recordando que es «una reconocida organización en defensa de los derechos humanos», afirmó que «la duda se ha creado», por lo que aseguró que si el Ejecutivo no actúa, «lo hará la Fiscalía». El propio comité de empresa del centro de La Esperanza tuvo que defender públicamente el trabajo que se hace en las instalaciones y desmentir algunas acusaciones de Human Right Watch. Calificó el informe de «sesgado, interesado y claramente malicioso» y aunque reconoce que el centro «no es un chalé», desde que se puso en marcha con la oleada de menores inmigrantes en 2006, ha avanzado considerablemente. Incluso creen que es el centro que mejores condiciones posee para seguir cumpliendo una labor de acogida en 2011 ante una hipotética llegada de más menores, incluso por encima del centro de Tegueste.