La reforma para el reparto de menores migrantes: quién sí y quién no en una España dividida

El PP ha pedido posponer la decisión sobre la reforma para su votación en el Congreso.

El texto propone la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para que la solidaridad entre las comunidades sea obligatoria y den respuesta a las regiones que sobrepasen el 150% de su capacidad en plazas de acogida. Varios puntos dividen a las comunidades, y aunque el Gobierno central y Canarias han llegado a un punto de acuerdo, sigue en el aire si será aprobada como decreto ley (como pide Canarias) o por proposición de ley, como pide el Gobierno estatal.

Entre los puntos a debate, el Gobierno ha recordado que quiere poder elegir, a través de un órgano competente de la Administración General del Estado, cuál debe ser la comunidad autónoma a la que se traslade desde Canarias, Melilla y Ceuta a los menores migrantes no acompañados en caso de sobreocupación en estas regiones.

En el marco de esta Sectorial, los consejeros de Servicios Sociales de las comunidades autónomas, concretamente Navarra, Castilla-La Mancha y Cataluña, han visitado un centro de menores migrantes en Tenerife y han constatado la «frustración» de los jóvenes por la sobrecarga del sistema de acogida, como ha expresado la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado.

Los consejeros han visitado un centro con 234 menores, que a juicio de Delgado, son «muchos» como para tener un programa óptimo de atención y es un ejemplo lo que va a ocurrir en los próximos meses y que ha obligado al Gobierno canario a habilitar una carpa en el puerto de Arrecife (Lanzarote).

La Xunta de Galicia ha confirmado estar dispuesta a acoger a 26 nuevos menores migrantes procedentes de Canarias y Ceuta tras participar en la Conferencia Sectorial que aborda la situación y donde la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha reivindicado a Galicia como «lugar de acogida».

Del mismo modo, la consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno de Asturias, Marta del Arco, ha afirmado que el Principado apoya la reforma de la ley de extranjería, porque «garantizará la atención y tutela a los menores inmigrantes no acompañados».

Del Arco ha mostrado la solidaridad de Asturias con Canarias, Ceuta y Melilla y ha asegurado que la asistencia a estos menores es «una responsabilidad del conjunto de España, de todas las comunidades autónomas», de manera que los derechos de los menores migrantes «estén garantizados».

También la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha manifestado la «plena colaboración con la situación que se está viviendo» desde la región con los menores refugiados en Canarias, señalando que «tiene que ser un problema que se tiene que asumir, por supuesto, por parte del Gobierno de España en colaboración con las comunidades autónomas», y ha adelantado que va «a votar a favor de la acogida de los menores».

También el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha avanzado que la comunidad extremeña podría acoger a 30 menores migrantes no acompañados, en lo que ha tildado de «reparto de solidaridad» ante «un auténtico drama humano».

El conseller de Derechos Sociales en funciones de la Generalitat de Cataluña, Carles Campuzano, ha asegurado afrontar con ánimo constructivo la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia sobre el reparto de menores migrantes, y ha pedido al Gobierno central hacer las cosas «de forma ordenada y con financiación», sin asegurar su voto.

Por su parte, el Gobierno de Valencia ha pedido al Ejecutivo central los recursos y la financiación necesarios para acoger a los menores inmigrantes no acompañados pactados en el acuerdo de reparto de 2022, un total de 23 en el caso de la Comunitat Valenciana, así como negociar las condiciones de esa acogida. El Consell ha señalado que no aceptará el hacinamiento de los centros en los que ya residen menores y que se afecte a su dignidad.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha garantizado que la Comunidad acogerá a los 21 menores migrantes no acompañados que corresponden como consecuencia del acuerdo rubricado con el Gobierno en 2022, pero rechaza «cualquier tipo de imposición» que modifique el reparto, al tiempo que ha asegurado que no teme que esta situación suponga la ruptura de su pacto de Gobierno con Vox.

La comunidad de Madrid ha sido más rotunda, ya que la consejera madrileña de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila ha lamentado que «tras un año de inacción» ante la «crisis migratoria» el Gobierno de España haya decidido «endosar» a las autonomías «otro problema», en este caso mediante «un reparto impuesto» que «no soluciona nada». La consejera ha alertado además de que la propuesta de reforma de la Ley de Extranjería que plantea el Ejecutivo central «puede ser inconstitucional», ya que «estaría invadiendo competencias autonómicas».