Prisión permanente revisable por secuestrar y matar a golpes a una persona con discapacidad en Canarias para robarle la pensión

También ha sido condenado a otra pena de 6 años de prisión por un delito de detención ilegal y su pareja a 20 años de prisión por un delito de homicidio, en comisión por omisión, y por el mismo delito de detención ilegal.

El tribunal ha desestimado los recursos de casación interpuestos por los dos condenados contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria que confirmó la dictada por un Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial.

En contra de lo que sostiene el recurrente, la Sala considera que en este caso la alevosía está plenamente asentada en una pluralidad de evidencias que apuntan que «la muerte se alcanzó estando la víctima plenamente indefensa, tanto por las ataduras a las que estuvo sometido y cuya acreditación hemos descrito, como por lo brutal y fulgurante de la agresión descrita por la coacusada, además de por la discapacidad de la víctima y los llantos o quejidos oídos durante días y de cuya causa no pudo soslayarse».

Del mismo modo, rechaza la alegación relativa a que la víctima no puede ser considerada persona especialmente vulnerable y afirma que la situación de vulnerabilidad de la víctima está plenamente recogida en el relato de hechos probados y que en este supuesto la alevosía descansó en un relato de la coacusada que, sin ventaja para sí y en apreciación de veracidad que ya hemos expuesto, admitió que el ataque fue súbito e inopinado, siendo la vulnerabilidad de la víctima una circunstancia fáctica independiente de este ataque».

En cuanto a la coacusada, que ha sido cuestionada por el recurrente, la Sala explica que la sentencia recurrida confirmó que «el juicio probatorio realizado por el Tribunal del Jurado aborda expresamente la cuestión de la credibilidad« y más allá de toda duda razonable, confirma que fue el recurrente quien dio muerte a la víctima.

Rechaza el recurso que había solicitado su absolución al considerarla coautora de un delito de detención ilegal, la sentencia precisa que la prueba reflejó un acuerdo previo con el otro acusado, así como un reparto de roles y un dominio funcional del hecho, todo ello a partir de un conjunto de actos concluyentes.

Sobre su responsabilidad en un delito de homicidio, en comisión por omisión, la sentencia precisa que ella misma admitió haber estado presente en el momento de la agresión y así lo acredita también el posicionamiento de su teléfono en el lugar de los hechos entre la noche del día 22 de septiembre y las 11:21 horas del día siguiente, periodo en el que según la prueba pericial se desarrolló la hemorragia y el fallecimiento no instantáneo de la víctima, sin que en ese tiempo la mujer siendo partícipe en la privación de libertad, hiciese nada por socorrerle o impedir su fallecimiento, ya que ninguno de los dos avisó a los servicios de urgencias hasta la noche del día 23.

La Sala rechaza aplicar las atenuantes de reparación del daño y de confesión que solicitaba la coacusada en su recurso. A este respecto, responde que la recurrente ha desvelado la autoría del otro acusado para eludir la responsabilidad personal que a ella misma se le exigía y, aún respecto a este prisma, su relato no fue relevante para la realización de la justicia en atención al resto de prueba practicada; menos aun cuando su versión ha negado su responsabilidad en los hechos y ha sido desdicha por el Jurado».