Piden parar una obra de más de 400 millones de euros en Canarias por un caracol

Como ha señalado el portavoz de la Plataforma, Pedro Pablo Medina, «Red Eléctrica de España (REE) ha ocultado en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto la presencia de este caracol en peligro de extinción«, al igual que »tampoco se recoge en la Evaluación de Impacto Ambiental«.

A juicio del colectivo «no se ha evaluado el impacto ni se han incorporado medidas preventivas, correctoras y compensatorias en la DIA, ni en el en el Plan de Vigilancia Ambiental de las obras«, lo que consideran suficiente para solicitar esta paralización cautelar de Salto de Chira.

La especie Monilearia Arguineguinensis está citada en el libro rojo de especies amenazadas (IUCH Red List) con la categoría de Peligro Crítico. Es un molusco gasterópodo de la familia Cochlicellidae que fue descubierto en 1998. Su área de distribución se limita a 10 km2, principalmente sobre los 50-100 metros de altitud en la desembocadura del Barranco de Arguineguín, explica en un comunicado.

Es una especie rara, su población es de pequeño tamaño y se localiza en un área geográfica muy limitada en la desembocadura del Barranco de Arguineguín. Se trata de una especie endémica que requiere especial atención debido a que su hábitat y área de distribución natural se está reduciendo por la antropización masiva.

Especialistas en moluscos han podido constatar la presencia del caracol chato en la zona afectada por el proyecto, que está en amenaza inminente por la ejecución de las obras de la estación desalinizadora de agua de mar (EDAM), sus instalaciones vinculadas a la captación y conducción de agua por el cauce del barranco, al menos entra la cota 0 los 100 metros de altitud, así como el tendido de nuevas líneas eléctricas que realiza Red Eléctrica en esta zona.

Por ello, la Plataforma Ciudadana Salvar Chira-Soria ha solicitado a Transición Ecológica la paralización cautelar de todas las obras que está ejecutando Red Eléctrica en la desembocadura del Barranco de Arguineguín por la presencia de «amenazas de daños o de daños propiamente dichos que se pueden estar produciendo a la especie Monilearia Arguineguinensis«, y así »evitar que se produzcan daños de imposible o difícil reparación sobre la especie«.

Consideran que debería estar protegida oficialmente y que «por error administrativo, culpa, dolo o negligencia no figura en los catálogos oficiales«.

Además, la Plataforma ha solicitado la inclusión de la Monilearia Arguineguinensis en el Catálogo Canario de Especies Protegidas y que se eleve propuesta al Ministerio de la Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España para su inclusión en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.

El proyecto Salto de Chira tiene un presupuesto de 400 millones de euros, para la construcción de una central de bombeo reversible de 200 megavatios de potencia que prevé generar mediante el movimiento del agua entre dos presas ya existentes, Chira y Soria. El proyecto prevé transformar el agua en electricidad cuando sea preciso dejándola caer la presa a mayor altura a la más baja, separadas por 350 metros de desnivel, mediante una turbina hidroléctrica, mientras que la energía que producen los parques eólicos y solares de Gran Canaria permitirán su retorno cuando no se necesite.

Este proyecto siempre ha contado con la oposición feroz de un sector de la población, que convocó su última manifestación el pasado mes de octubre con unas 1.500 personas según la Policía Nacional y 10.000 según la Plataforma Salvar Chira-Soria. Los opositores a la obra señalan daños irreversibles al entorno y a la salud de los vecinos de la zona, así como falta de información y transparencia, frente al Cabildo grancanario que la considera necesaria para enfrentar los retos del cambio climático, para la penetración de renovables y para convertir a la isla en referencia mundial.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) denegó el pasado mes de abril un recurso presentado por el colectivo Turcón - Ecologistas en Acción en el que solicitó tomar medidas cautelares contra la ejecución del proyecto de la central hidroeléctrica Chira Soria, promovido por Red Eléctrica de España (REE) en Gran Canaria.

En dicho escrito, el colectivo ecologista alegó «daños irreparables« pero el TSJC consideró que los ecologistas no habían «acreditado» cuáles serían los «perjuicios irreparables o situaciones irreversibles» que se derivarían de no suspender las obras de la central, ya que «alegan únicamente de forma genérica el daño que ocasionaría la ejecución del acto recurrido», como señaló la sala.