Los vecinos de la zona cero del volcán de La Palma se movilizan, «indignados» por la falta de información y su derecho a indemnizaciones

En concreto, se quejan de que, casi cuatro años después de apagado el volcán, las Administraciones públicas todavía no les han informado, como «legítimos propietarios», de cuál será la delimitación del anunciado espacio natural protegido y qué compensaciones recibirán por las limitaciones que esto supondría con respecto a los usos que tenían sus terrenos antes de la catástrofe, así como por la explotación de la zona como atractivo turístico.

Este grupo de afectados tiene sus terrenos sujetos a un régimen jurídico de protección cautelar (zona roja en el mapa de la nueva ordenación del ámbito que cubrió la lava, vigente desde diciembre de 2023 por decreto ley del Gobierno canario).

Ante esta incertidumbre, un grupo de propietarios de los antiguos núcleos de El Paraíso y Corazoncillo ha mantenido una reunión en la que ha decidido hacer público su malestar y preocupación, y convocar un encuentro el próximo domingo 14 de diciembre al final de la carretera de Tacande en El Paso para hacer visible esta protesta, coincidiendo con el cuarto aniversario de la finalización de la erupción volcánica.

Al acto piden que se sumen las personas que se solidarizan con sus reivindicaciones.

Este vecindario expone que, mientras otros afectados ya pueden volver a su lugar de origen o tienen la expectativa de poder hacerlo, para reconstruir sus viviendas y explotaciones agrarias, su situación es muy diferente, pese a que fueron los más perjudicados por la gestión de la catástrofe.

Los vecinos ponen de relieve que los habitantes de El Paraíso y Corazoncillo «han sufrido unos daños psicológicos de inmensa gravedad, porque la erupción comenzó sin que fueran avisados oficialmente del riesgo que corrían ni evacuados por las autoridades, lo que les expuso a un grave riesgo para sus vidas y les obligó a huir con lo puesto; y, en el caso de El Paraíso, sin poder regresar nunca más para llevarse enseres, objetos personales, fotos y poner a salvo a las mascotas».

«Pudimos haber muerto, solo la suerte evitó que esta catástrofe tuviera además un coste en vidas», atestiguan estos vecinos, quienes además dan fe de que «la gestión del plan de emergencias falló en el peor momento; lo hemos pagado con un sufrimiento psicológico del que muchas personas no han logrado recuperarse, y encima tenemos que soportar este agravio de la incertidumbre sobre lo único que nos dejó el volcán».

A todos estos perjuicios se une el que estos afectados no tuvieron la posibilidad de hacer un seguro o de mejorar el que ya tenían.

Los vecinos aseguran «no comprender» por qué «precisamente ellos son objeto de este «trato discriminatorio» y se les deja «sin derechos», pero en cambio sí se organizan visitas turísticas guiadas y se planifica una futura sede del Centro Vulcanológico Nacional sin consensuarlo con los dueños de la 'zona roja'.

Ante esta falta de información que sufren, han decidido solicitar de manera formal una reunión con la citada consejera y con el consejero de Transición Ecológica, Mariano H. Zapata (quien en la época de la erupción presidía el Cabildo palmero). Se han reunido con varios representantes, sin solución por el momento.

Estos vecinos entienden que «se necesita tiempo para una reconstrucción justa, bien planificada y responsable, pues los procesos técnicos, legales y ambientales son complejos», pero a renglón seguido critican que se les mantenga en esta «incertidumbre absoluta» sobre los trámites que están llevando a cabo las Administraciones públicas. «Reclamamos información, pasos firmes y una hoja de ruta clara», subrayan.

En esta línea, piden que, una vez declarada oficialmente la zona protegida por sus valores naturales, se les informe de cuáles serán los pasos siguientes, si se indemnizará a los propietarios y a qué precio, si podrán quedarse con los terrenos, y, caso de que se les permita poderlos usar de nuevo, si podrán reconstruir lo que poseían antes de la erupción. Una información que califican de «imprescindible».

«No pedimos privilegios, sino justicia, claridad y respeto», insisten, «y ser tratados con la dignidad que merecen quienes lo han perdido casi todo y aún hoy siguen sin saber qué será de sus hogares, sus tierras y sus vidas».