Liberadas ocho mujeres obligadas a prostituirse en viviendas vacacionales usadas como prostíbulos en Tenerife

Las mujeres, en situación de vulnerabilidad y en condiciones de precariedad económica, eran captadas en Colombia por parte de una colaboradora del clan familiar, quien se encargaba de convencer a las víctimas para venir a España a través de «falsas promesas de ganar mucho« dinero ejerciendo la prostitución en unas condiciones que »diferían mucho de la realidad«. Una vez las víctimas aceptaban la oferta, el grupo criminal compraba los billetes de avión para viajar desde Colombia hasta Tenerife, haciendo escala en Madrid, y les gestionaba un seguro de viaje, así como una reserva de hotel ficticia.

Además antes de viajar a España eran aleccionadas para simular su entrada como turistas sin ser detectadas en los controles fronterizos del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y recibían una cantidad de dinero en efectivo para justificar los medios económicos suficientes para el cruce de la frontera. Los integrantes del clan familiar recibían a las víctimas en el aeropuerto de Tenerife Norte, les retiraban el dinero en efectivo que previamente les habían enviado y les trasladaban en vehículo directamente hasta alguno de los pisos prostíbulo donde comenzarían a ejercer la prostitución hasta saldar las deudas contraídas.

Las víctimas debían estar disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, con dos supuestas horas de descanso diarias que no se cumplían, ya que si aparecía un cliente eran obligadas a regresar al piso.

El entramado les obligaba a fotografiarse semanalmente para publicar anuncios en internet y si acudía un cliente al piso prostíbulo tenían que presentarse en ropa interior para que éste pudiera elegir con la que mantener relaciones sexuales, no pudiendo rechazar ningún tipo de servicio sexual ni ningún tipo de cliente, independientemente de su higiene y su estado de embriaguez.

Las mujeres pernoctaban en habitaciones compartidas, en las que realizaban los servicios sexuales y eran obligadas a realizarlos estando enfermas, incluso teniendo infecciones venéreas, y si la enfermedad se lo impedía, eran expulsadas del piso aunque no dispusieran de dinero ni de ningún sitio al que acudir. El grupo criminal ejercía un férreo control sobre las víctimas a través de cámaras de vídeo vigilancia instaladas en los propios pisos y recaudaba íntegramente los beneficios generados por cada una de ellas, quedándose con el 100% hasta saldar la deuda inicial contraída. No obstante, en algunos casos las víctimas llegaron a abonar cantidades cercanas a 9.000 euros, lo que suponía tres veces la deuda pactada.

Si bien, algunas de las víctimas consiguieron huir del calvario al que estaban sometidas aunque la organización criminal les amenazaba a través de mensajería instantánea en sus teléfonos particulares con atentar contra su integridad o la de sus familiares en sus países de origen.

Por otro lado, el clan familiar investigado también se dedicaba a la venta de sustancias estupefacientes, bebidas alcohólicas y medicamentos para aumentar la potencia sexual. Además con el fin de estar más activas y trabajar más, complacer al cliente y obtener mayores beneficios, la organización criminal obligaba a las mujeres a consumir sustancias estupefacientes con los clientes si éstos lo solicitaban. Del mismo modo, los agentes constataron que el entramado también se dedicaba al blanqueo de capitales y al fraude a las administraciones públicas, además de incrementar su patrimonio en España y en Venezuela mediante compras de bienes muebles e inmuebles.

La operación policial concluyó con la detención de nueve personas en la isla de Tenerife, decretándose el ingreso en prisión de los cinco principales responsables. También se realizaron cinco entradas y registros, decretándose la clausura de dos pisos prostíbulos, donde se intervinieron más de 100.000 euros en efectivo, tres vehículos, 14 terminales móviles y diversas sustancias estupefacientes (cocaína y tusi), y gran cantidad de documentación incriminatoria.

También se procedió al bloqueo de 19 cuentas bancarias utilizadas por la organización criminal para recaudar los beneficios obtenidos.