El juez Alba, el 'as en la manga' de Miguel Ángel Ramírez para evadir el fraude a Hacienda

La primera jornada de la vista oral que la Sección Primera de la Audiencia de Las Palmas está celebrando contra Ramírez y el que fuera administrador de la desaparecida Seguridad Integral Canaria, Héctor de Armas, juzga un supuesto delito contra la Seguridad Social por un presunto fraude de unos 36,66 millones de euros, ante el que la defensa del empresario ha solicitado la absolución de los acusados.

De acuerdo a sus argumentos, la causa está contaminada por la actuación de Salvador Alba, exjuez que actualmente se encuentra en prisión condenado por prevaricación judicial y falsedad en documento público.

Ha señalado que a Ramírez no se le notificó formalmente que pasaba a ser imputado por siete nuevos delitos comprendidos entre los años 2010 a 2013 contra la Hacienda Pública y de 2009 a 2012 contra la Seguridad Social, ya que opinó que Alba accedió al procedimiento el 3 de noviembre de 2015 con un fin «desviado» y llamó a declarar el mismo día a los acusados «sin haber mirado un papel» y sin explicar los motivos de la citación. Además, asegura que el juez no les detalló los motivos de la llamada a declarar y que Alba decidió ampliar los años de los supuestos delitos, aumentando hasta en siete los que se le acusa a Ramírez, sin que el empresario fuera notificado con todas las garantías judiciales necesarias.

Por otro lado, ha denunciado en las cuestiones previas un «arbitrario« proceder de la investigación de la Seguridad Social, además de una imputación »tardía« de algunos de los delitos cuando la instrucción había concluido.

Por su parte, la defensa de Héctor de Armas ha presentado los informes médicos de su defendido y se adhirió a lo expuesto por la otra defensa en materia de nulidad por la indefensión de los acusados.

El empresario se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 21 años y seis meses de prisión, así como a multa de hasta 105 millones de euros por cinco supuestos delitos contra la Hacienda Pública y tres contra la Seguridad Social.

Por su parte, el ministerio fiscal también solicita una pena de 14 años de prisión y multa de 79,3 millones de euros para el que fuera administrador de Seguridad Integral Canaria, Héctor de Armas, por tres presuntos delitos contra la Hacienda Pública y dos contra la Seguridad Social.

El fraude correspondería a los años de 2009 a 2013 para el caso de Ramírez y en el de Armas entre 2011 y 2017.