Imputada una concejala socialista de Las Palmas de Gran Canaria dentro de la investigación del caso Valka

Ambos serán citados a declarar, en una fecha no determinada en estos momentos, en calidad de investigados como supuestos autores de delitos de malversación de caudales públicos agravado por perjuicio superior a 250.000 euros, en concurso medial con delito de falsedad en documento público, delito de prevaricación administrativa y delito de fraude a la administración.

Como ha informado la Oficina de Prensa del TSJC, igualmente, la autoridad judicial cita como investigada a la persona jurídica Guerra Patrimonial FGG S.L., por posibles delitos de cohecho y malversación de caudales públicos agravado por perjuicio superior a 250.000 euros, y como testigos a varios funcionarios del Ayuntamiento. Ordena también la práctica de una serie de diligencias.

El juzgado investiga una presunta trama de corrupción desarrollada en el Área de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria entre los años 2015 y 2022, orientada a distraer fondos públicos mediante la emisión de "facturas falsas y sobrecostes superiores al 70%" del consumo real, sin verificación técnica ni control material del suministro de agua.

Sobre esto, el fiscal considera que la manipulación de los pliegos de prescripciones técnicas "permitió crear un marco contractual artificial que encubría la desviación sistemática de dinero público hacia la empresa contratista, con la connivencia" de los responsables técnicos y políticos municipales.

El auto también informa de que se citará a varias personas que no son cargos públicos o que comparecen sin tener la condición de investigados dentro del caso. También serán llamados como testigos de los nuevos responsables municipales (director general de Servicios Públicos, el jefe de servicio de Mantenimiento Urbano, y la concejala en el cargo).

En el auto se recoge que el técnico responsable del Área de Parques y Jardines "habría intervenido activamente en la redacción y supervisión del pliego de Prescripciones Técnicas, introduciendo una modificación sustancial del objeto contractual al elevar artificialmente el volumen estimado de suministro de agua".

Esto, añade, habría permitido crear un marco contractual ficticio que legitimaba la facturación "inflada" por parte de la empresa adjudicataria, eliminando en la práctica los controles técnicos exigidos por la Ley de Contratos del Sector Público.

Además habría firmado y validado numerosas certificaciones mensuales "sin verificar" la lectura de contadores ni la efectiva prestación del servicio, dando apariencia de legalidad a facturas mendaces con sobrecostes superiores al 70% respecto de los consumos reales, facilitando el pago indebido de fondos municipales.

Por su parte, la concejala responsable del área durante el período investigado, según recoge el auto "habría aprobado y firmado todas" las resoluciones administrativas y decretos de gasto que dieron cobertura formal al "fraude contable", ya que habría autorizado el pago de facturas "sin exigir la comprobación técnica de los consumos ni justificación material" del servicio. En este sentido, se expone que su intervención como autoridad competente para el reconocimiento de las obligaciones habría permitido la distracción de fondos públicos, "consolidando un circuito de pagos irregulares" que beneficiaba directamente a la empresa contratista.

Además recoge que la reiteración de esta práctica durante más de siete años, pese a las "evidencias objetivas de la inexistencia" de control técnico, revelarían un conocimiento y una voluntad concertada con los responsables técnicos y el contratista para mantener el sistema fraudulento. Finalmente, en lo que se refiere a la persona jurídica Guerra Patrimonial FGG S.L., se le atribuye haber presentado facturas mendaces correspondientes a los contratos, en las que se reflejaban volúmenes de consumo "falsos o inflados, sin respaldo de lecturas reales de contadores".

Así el TSJC entiende que la "confluencia de tales conductas, valoradas en su conjunto, integra indicios sólidos" de los delitos de malversación de caudales públicos agravada, falsedad en documento público, prevaricación administrativa, fraude a la administración y, en el caso de la entidad mercantil, cohecho.

Además subrayan que, a partir de diciembre de 2022, cuando los nuevos responsables municipales exigieron lecturas "reales" de contadores para validar las facturas, la facturación del contratista "descendió de forma notable hasta niveles coherentes con los consumos reales". Este contraste objetivo confirmaría, según se expone en el auto, el carácter ficticio de las facturaciones anteriores y refuerza el vínculo causal entre la actuación de los investigados y el perjuicio económico causado al erario municipal.

Para el tribunal concurren elementos "suficientes, consistentes y objetivamente verificables que justifican" el acceso a las peticiones formuladas por el Ministerio Fiscal".