El Gobierno retrasa a final de año el inicio del reparto de los menores de Canarias

La lentitud del procedimiento administrativo, tanto en lo que se refiere a la tramitación de los expedientes como a la posterior asignación de las plazas y los plazos de alegaciones, está tras este nuevo retraso. Aunque el Ejecutivo de Pedro Sánchez, con tres ministerios implicados en dar esta respuesta -con cierta descoordinación entre ellos-, culpa a las autonomías del PP, acusándolos de torpedear el proceso de notificaciones. Algo que niegan tanto desde las comunidades gobernadas por los populares como desde el propio Gobierno de Canarias, que participa en todo el proceso.

Todas las fuentes consultadas coinciden en señalar al Ministerio de Política Territorial, que dirige Ángel Víctor Torres, como el responsable de lo que está ocurriendo. El decreto que puso negro sobre blanco cómo se debía realizar el procedimiento, indicaba que eran los delegados y subdelegados del Gobierno los responsables de resolver los expedientes y asignar las plazas, obligando posteriormente a las autonomías de destino a asumir su acogida. Ahí es donde está todo paralizado.

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, acusó a las comunidades autónomas gobernadas por el PP de estar alargando los plazos al «abrir las notificaciones el último día» o presentar alegaciones «a cada uno de los expedientes» de traslado de los menores migrantes no acompañados».

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«Si quieren buscar responsables de quien quiere dilatar estos procesos y evitar que esto funcione de verdad, que como país funcionemos, busquen en el Partido Popular», dijo al ser preguntado por los retrasos que denuncia el Ejecutivo canario. «Lo que quieren es que se queden los menores en Canarias», y por ello «donde tenemos los adversarios, los que ponen obstáculos, es en esas comunidades del Partido Popular».

El sistema atribuye una distribución que permite «ser objetivos, que no vayan todos a una misma comunidad, que haya un reparto de objetivos conforme a la capacidad que se ha medido y que debería tener cada una de las comunidades autónomas», ha recordado, pero el PP está presentando alegaciones en todas ellas. «Están en su derecho en el sentido de que el procedimiento les permite hacerlo, pero yo voy más allá», dijo, porque están en contra de la convalidación del decreto ley, y «lo que quieren es que se queden los menores en Canarias, no quieren solucionar el problema de hacinamiento».

Pestana insistió en que la previsión es que en octubre se hayan derivado unos 500 menores solicitantes de asilo a recursos del Estado. Los expedientes, tanto de los menores que ya estaban en Canarias como los que han llegado después de la contingencia, y cuyo traslado debe tener una duración máxima de quince días, dice que están «todos iniciados». En cualquier caso, recalcó, el Gobierno «está cumpliendo con el auto del Tribunal Supremo porque ya se están acogiendo esos menores y no tenemos mayores dificultades, sino las de ir cumpliendo en los distintos procedimientos»