Un grupo de menores africanos en el centro Nivaria, en La Esperanza (Tenerife) durante una clase de español, en 2006. - DESIREE MARTÍN/AFP

HRW denuncia malas condiciones en los centros de menores africanos

SANTA CRUZ DE TENERIFE Actualizado:

Un nuevo e inesperado escollo se ha instalado en la ya conocida problemática de los menores inmigrantes presentes en nuestro Archipiélago. Y es que la entidad Human Rights Watch (HRW) ha instado al Gobierno de Canarias a que derogue el régimen de emergencia para los más de 250 menores inmigrantes no acompañados que residen en centros no reglamentados. Esta organización no gubernamental desglosa su petición argumentando que dicho régimen coloca a los niños «en una situación de riesgo que amenaza su bienestar» y alerta de que los citados centros no cumplen las normas mínimas de acogida del Gobierno de Canarias.

Atrás quedan la sensaciones positivas que se habían desgranado del reciente Plan de Acción de la Comisión sobre la aplicación del Programa de Estocolmo, en el que se habilitaba una nueva y valiosísima herramienta, según el propio Ejecutivo canario.

Entre otras cosas, HRW critica que «los aproximadamente 100 menores alojados en el centro más grande y aislado, La Esperanza, reciben comida de baja calidad, carecen de calefacción, de agua caliente y de mantas adecuadas», según un informe publicado ayer. Al mismo tiempo, menciona «casos frecuentes de violencia entre menores».

Por otro lado, Human Rights Watch señala que el Gobierno de Canarias, tras conocer el informe, le aseguró el pasado 15 de junio que planeaba cerrar el próximo diciembre el centro de emergencia La Esperanza y trasladar a los niños a los centros de Tegueste (Tenerife) y de Arinaga (Gran Canaria).

«Felicitamos la intención del Gobierno de Canarias de cerrar la instalación en peores condiciones donde los niños están en situación de riesgo», subrayó en un comunicado la investigadora sobre los derechos del Niño en HRW Simone Troller.

En esta línea, Troller espera que este compromiso se traduzca «en un plan firme con medidas concretas para garantizar que sea realmente cerrado» y que ponga fin «al régimen de emergencia en su conjunto y condicionar todos los centros de menores extranjeros no acompañados en cumplimiento con las normas de acogida establecidas». Para la organización, el problema más importante radica en que el Gobierno autonómico «no se ha comprometido a eliminar el régimen actual de emergencia para menores extranjeros no acompañados, ni a regular todos los centros conforme a las normas existentes al efecto».

Orígenes

Los citados centros se crearon en 2006 como medida temporal ante la llegada de un número sin precedentes de niños inmigrantes a las Islas. Bajo el título «Emergencia eterna: la institucionalización de menores extranjeros no acompañados en centros de emergencia de las Islas Canarias no tiene fin», dicho informe se hace público tres años después de que HRW alertase por primera vez de irregularidades en el trato a los menores.

Asimismo, el Gobierno ha aumentado sus contribuciones financieras para Canarias en los últimos años y, en 2009, destinó más de la mitad

del presupuesto de 26 millones de euros del Archipiélago a la acogida de menores inmigrantes.

Paralelamente, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, reclamó ayer a la Fiscalía General del Estado que establezca un marco común de actuación para la identificación, documentación, repatriación y el traslado desde Canarias hasta la Península de los menores inmigrantes que se encuentran desamparados en España, por la «disparidad de criterios» que ha encontrado en estas prácticas en función de las regiones y las administraciones competentes en cada caso. Así lo recoge el informe anual de la institución, que recibió más de 1.500 quejas en materia de extranjería el año pasado y que dedica un capítulo específico a los menores no acompañados en el que explica que «cada vez son más habituales las quejas» de niños que han pasado por la tutela de varias comunidades autónomas por las «nefastas consecuencias» que pueden tener para ellos algunos problemas administrativos.

Aumentan las quejas

En este sentido, Canarias es la séptima comunidad con más quejas ante el Defensor del Pueblo durante 2009, con el 4,12 por ciento del total nacional y 893 reclamaciones, lo que en todo caso supone un descenso del 10,43 por ciento respecto a las 997 quejas de 2008, según recogió el Informe Anual del Defensor del Pueblo 2009 presentado por su titular, Enrique Múgica, a los presidentes del Congreso y el Senado, José Bono y Javier Rojo, respectivamente.

Por provincias, los ciudadanos que más se han quejado son los de Las Palmas, con 504 reclamaciones, mientras que Santa Cruz de Tenerife acumula sólo 389. Del total de quejas, 766 corresponden a individuos, mientras que hasta 127 de las llegadas son colectivas. Además, el Defensor del Pueblo pidió «incrementar la dotación de recursos» a los centros de retención de menores inmigrantes «para evitar que su deterioro se agrave.