El Constitucional anula por unanimidad el protocolo de menores migrantes aprobado por el Gobierno canario

Moncloa impugnó los apartados segundo, tercero y sexto del Acuerdo del Gobierno de Canarias de 2 de septiembre de 2024 en relación con los menores migrantes, y la Resolución de la Dirección General de Protección de la Infancia y las Familias de 10 de septiembre, por la que se establece el protocolo territorial de estos menores en Canarias.

Las fuentes consultadas indican que el TC ha declarado inconstitucionales y nulos dicha resolución, por la cual quedaba aprobado todo el protocolo; y el apartado segundo del acuerdo del Gobierno de Canarias, de 2 de septiembre de 2024, «en relación con los menores extranjeros no acompañados«, salvando así los apartados tercero y sexto del mismo acuerdo, que también fueron recurridos por el Ejecutivo central.

La corte de garantías lo admitió a trámite el pasado 8 de octubre al mismo tiempo que ordenó suspender la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, si bien ya estaban desactivados cautelarmente por orden del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El nuevo protocolo implicaba que antes de la entrega del menor a las autoridades de las islas se hiciera su previa reseña de identificación, su inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA) y una resolución administrativa de asignación o ubicación individualizada del órgano correspondiente del Estado, previa audiencia al menor, en presencia de un intérprete de su lengua materna u otra que pueda entender, con conocimiento del fiscal.

Confirmada la disponibilidad de plaza, la recepción del menor por parte de la comunidad autónoma debía hacerse en las comisarías de la Policía Autonómica de Canarias o, donde no existieran, en los lugares habilitados para ello.

De acuerdo a la Fiscalía, que fue quien llevó el asunto a la jurisdicción ordinaria el pasado 18 de septiembre, este protocolo suponía la «ausencia de atención inmediata« a la situación de desamparo patente en los menores migrantes que llegan desde el mar a las costas del archipiélago.

En concreto, denunció vulneraciones del derecho fundamental al principio de igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución y en la Convención de los Derechos del Niño, así como del derecho fundamental a la integridad moral reconocido en el artículo 15 de la Carta Magna.