El Congreso abre la puerta a la ley que avala el comercio triangular en Canarias

El comercio triangular lo realizan en las islas unas 120 empresas que facturan al año unos 130 millones de euros y mantienen cerca de 800 puestos de trabajo y la actividad se permite actualmente en empresas que mantengan el 90% de sus recursos en Canarias tras la aprobación de los PGE. No podrán acogerse a la ZEC operaciones de comercio triangular realizadas con entidades establecidas en paraísos fiscales o con pagos desde o hacia dichos territorios.

La proposición de ley, que pide rebajar esos criterios hasta el 50%, ha sido defendida por los diputados autonómicos Manuel Domínguez (PP), Rosa Dávila (CC-PNC) e Iñaki Álvaro (PSOE) y ha contado con el rechazo de Unidas Podemos. Como ha denunciado el portavoz del PP en la Cámara regional, «vivir en Canarias es ser un ciudadano de segunda» por el «trato» que le da el Gobierno central, poniendo sobre la mesa que Canarias, por ejemplo, tiene la tasa más alta de paro juvenil y la pobreza va en aumento.

Así, ante la «falsa apariencia» de que Canarias es un «paraíso fiscal», ha defendido que es «justo» defender los «derechos» de los canarios, «no privilegios», con el objetivo de estar al mismo nivel que el territorio nacional.

La diputada María Fernández (CC-PNC) ha dicho que esta ley supone la «supervivencia» de las empresas y una iniciativa más en defensa de los fueros y normas del archipiélago que «de repente», se pone en riesgo por el informe «de un funcionario de Madrid» y supone así la «falta de comprensión» con Canarias por lo que ha pedido que se tramite por la vía de urgencia. Su compañera Rosa Dávila (CC-PNC) ha comentado que la «reinterpretación» de la norma por parte del Ministerio de Hacienda ha creado inseguridad jurídica» y ha dejado en el aire unos 800 empleos, hasta el punto de que el Parlamento ha presentado esta iniciativa para que se «respeten» los derechos de los canarios. 

Iñaki Álvaro, del Grupo Socialista, ha dicho que el comercio triangular está incluido en el REF y permite generar inversión y empleo en las islas, subrayando que no piden «nada» que no esté amparado en la condición ultraperiférica de Canarias. Ha reconocido que el comercio triangular se desarrolla en el archipiélago desde 2000 y que es un «deber y exigencia» adaptar el REF a las necesidades de Canarias y así «igualarse» con el resto del Estado español para mantener la competitividad ante su fragmentación y lejanía.

Por su parte en nombre de Unidas Podemos, Laura López , ha explicado la oposición de su grupo por «defender» el REF pero para que se oriente a las personas, la mayoría social y luchar contra la pobreza, y no para favorecer «a las grandes empresas». A su juicio, el REF debe aumentar el «retorno social» y ayudar a reducir la desigualdad y por ello se ha opuesto a la reducción del impuesto de sociedades y la tributación, con el peligro consiguiente de abrir la puerta a «paraísos fiscales» en Canarias, algo en principio bloqueado con la disposición incluida en los PGE.

Por su parte, Andrés Rodríguez (VOX) ha admitido que el REF «no funciona» porque no da seguridad jurídica a las empresas, algo que queda demostrado con siete modificaciones del artículo 44 «por culpa de los legisladores» al tiempo que criticado la opacidad con la que trabajan los inspectores.