Condena millonaria en el 'caso áridos': 185 millones por daños medioambientales

La sentencia descarta los planes de restauración propuestos por los empresarios, en línea con lo que ya había determinado la Audiencia Provincial, pues no basta con el «simple rellenado» de los huecos e incluye al Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife como administraciones beneficiarias de la indemnización y no al Ayuntamiento de Güímar.

Los empresarios alegaron, entre otras cosas, indefensión porque esa cantidad por responsabilidad civil no estaba contemplada en la sentencia de 2016 de la Audiencia sino que se estableció en el procedimiento para su ejecución. El Supremo entiende que el «desastre ecológico« en la zona se extiende más allá de los límites del propio municipio por lo que ve »razonable« que el importe se ponga en manos de administraciones superiores con más capacidad de planificación.

Incluso, resume los planes de restauración como una «simple ficción« cuya misión era »cubrirse las espaldas« y dar una »apariencia« de cumplimiento de la sentencia dado que rellenar los huecos »supondría un impacto ambiental de tales dimensiones que superaría con mucho los limitados beneficios«.

Además, los informes ya fueron rechazados en octubre de 2020 por el propio Gobierno de Canarias.

El caso judicial, que arrancó en 2005 con una denuncia del abogado Carlos Álvarez para la acusación popular, deja otros dos empresarios areneros condenados, Pedro Sicilia y Francisco del Rosario, este último no participó del acuerdo con la Fiscalía e ingresó en prisión.