Colectivos de Tenerife salen a las calles por una moratoria, ecotasa y una ley de residencia

En la manifestación bajo el lema 'Canarias ya no es un paraíso. Por un cambio de modelo', los convocantes buscan llamar la atención sobre la situación de la isla «completamente colapsada, con la costa llena de vertidos, más de 200», además de «atascos kilométricos en toda la isla, destrucción y ocupación de la franja costera, nuevos hoteles y urbanizaciones de lujo» que «seguirán empeorando esta situación de colapso y de deterioro ambiental».

Solicitan una moratoria porque aseguran que el objetivo es «frenar» la ocupación hotelera, prohibiendo la construcción de más camas turísticas en hoteles, apartamentos y otras infraestructuras destinadas al turismo. A su juicio, «el turismo de masas ha destruido numerosos espacios naturales a lo largo del archipiélago, y la degradación de muchos otros, por la presión insostenible que ejercen los 13 millones de turistas que visitan las islas cada año».

En el caso del sur de Tenerife, indican, «la población de cetáceos sufre estrés crónico por la gran presión turística en la zona».

Los manifestantes advierten que «este tipo de turismo provoca daños irreparables al patrimonio natural y cultural de Canarias, por lo que, para «asegurar la conservación de estos valores únicos», se propone esta moratoria seguida de un plan de decrecimiento, para así poder «apostar por un turismo de calidad, que con su visita contribuya a la conservación del archipiélago y no lo contrario, que es lo que ocurre en la actualidad».

Sobre la ecotasa aseguran que se le aplicaría a todos los turistas que visiten las islas y la recaudación sería utilizada «únicamente» para la protección, conservación y regeneración de los espacios naturales del archipiélago. Entre algunas medidas que se proponen está el aumento considerable de la vigilancia ambiental, la regeneración de espacios naturales degradados o crear corredores ecológicos que conecten espacios naturales entre sí, «ya que esta es la única forma de proteger la biodiversidad de forma eficaz».

Los colectivos convocantes alertan de la necesidad de una ley de residencia, porque la superpoblación «es una amenaza ambiental de primer orden» para el medio natural canario y está llevando a gran parte del archipiélago «a una situación de agotamiento de recursos y, por lo tanto, de crisis social».

En el contexto actual, prosiguen, seguir aumentando la población «no tiene ningún sentido ecológico ni social». La destrucción del territorio, el encarecimiento de la vivienda y la escasez de recursos «son algunas de sus consecuencias más notables» por lo que si la población residente «continúa creciendo descontroladamente, esta situación será cada vez más grave e insostenible».

Con esta medida, apuntan, «se pretende limitar el establecimiento de todas aquellas personas que vienen a vivir aquí por opción, para disfrutar de las islas o la compra de segundas residencias». Esta medida, subrayan, «es especialmente importante por todas las urbanizaciones que están proyectadas, y que están destruyendo hectáreas de espacios naturales para el disfrute de personas con un alto poder adquisitivo».