Canarias pide a la UE un despliegue «significativo» de Frontex en las islas con medios aéreos y marítimos

Así lo ha solicitado el equipo del presidente Fernando Clavijo, que plantea que Frontex incremente su presencia en las islas «de manera estable y proporcional» su presencia en «puntos estratégicos como Canarias», dotándose de «recursos adaptados al entorno marítimo y a la realidad geográfica insular». Para lograrlo, el Gobierno canario considera «crucial» que el nuevo reglamento que prepara Bruselas contemple la posibilidad de incluir en el operativo de Frontex un «refuerzo significativo de recursos» acorde a la magnitud del reto migratorio de las islas.

Actualmente, los equipos de Frontex presentes en Canarias limitan su labor a trabajar en los diferentes Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) brindando su apoyo a la Policía Nacional en las labores de identificación y entrevistas de los migrantes recién llegados a las islas. Sin embargo, el Gobierno de Canarias lleva años reclamando que Frontex vaya mucho allá y coopere con el Estado en las labores de vigilancia y salvamento, no solo en las costas canarias, sino también en las de los países de origen de los migrantes. Sin embargo, esta demanda ha chocado una y otra vez con la negativa del Ministerio de Interior a pedir la colaboración de la agencia europea, una solicitud imprescindible según trasladó el propio comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, al presidente Fernando Clavijo en la reunión que mantuvieron el pasado 21 de enero en Estrasburgo.

Por esa razón, el presidente canario ha aprovechado la ventana de oportunidad que supone la consulta abierta por Bruselas, para solicitar de forma directa que el nuevo reglamento de Frontex contemple un despliegue mucho más amplio para controlar la peligrosa Ruta Atlántica y salvar vidas.

Entre las demandas planteadas por Canarias está que el brazo operativo de la UE en materia migratoria pueda participar en la gestión humanitaria del drama migratorio y en tareas de salvamento marítimo. En concreto, se pide que el nuevo reglamento de Frontex incorpore «protocolos específicos de coordinación con los servicios nacionales de salvamento (como Salvamento Marítimo en España), respetando competencias estatales, pero favoreciendo la cooperación operativa real».

«Canarias es punto recurrente de operaciones de búsqueda y salvamento (SAR). La futura regulación debe asegurar que Frontex no solo actúe en control de fronteras, sino también en apoyo humanitario coordinado y conforme al Derecho Internacional del Mar y los derechos fundamentales», indica la propuesta del Ejecutivo autonómico.

La respuesta del Gobierno de Canarias a la consulta abierta por la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión Europea solicita asimismo que las regiones tengan más peso en las decisiones sobre el despliegue operativo de Frontex. «Las autoridades autonómicas tienen competencia directa en servicios básicos (sanidad, servicios sociales, etc.) y deben formar parte de la planificación operativa de Frontex para asegurar la coordinación interinstitucional», subraya el documento.

Este documento elevado a la Comisión Europea también subraya la «alarmante» situación de los menores migrantes no acompañados en Canarias, con más de 5.000 niños y niñas acogidos en solitario en 82 dispositivos, así como factores que alimentan la presión migratoria sobre Canarias como el deterioro político y de seguridad en el Sahel, la crisis humanitaria en la región, la influencia rusa y el potencial uso instrumental de la migración, así como los recortes de ayuda humanitaria.

«La Unión Europea debe reforzar su diálogo con los países de origen y de tránsito del África Occidental desde los que parten las pateras y cayucos para garantizar la presencia de Frontex en sus aguas jurisdiccionales. Esto implica promover acuerdos bilaterales con estos países, apoyándoles en labores de vigilancia marítima» y pide incluir en el programa de formación del personal de Frontex contenidos específicos sobre derechos fundamentales, que abarquen el acceso a la protección internacional y la atención a las personas en situación de vulnerabilidad, tales como menores, menores no acompañados, personas con discapacidades, personas de edad avanzada y mujeres potenciales víctimas de violencia de género.