Canarias aprueba un presupuesto de 11.678 millones de euros y vuelve a aplazar la rebaja fiscal

En este segundo presupuesto de la legislatura se vuelve a aplazar la política de reducciones fiscales para ayudar a empresas y familias, una promesa electoral que sigue sin cumplirse.

En acuerdo previo se ha aprobado el límite de gasto no financiero de 11.678,2 millones de euros, «orientados a poner a las personas en el centro de la actuación de las políticas de la comunidad autónoma, garantizando el gasto en políticas sociales, y a organizar la forma en la que se ha de abordar el desarrollo de las políticas competenciales de Canarias para el próximo año«, ha señalado el portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello.

El grueso del gasto se destinará a Educación, Sanidad y Servicios Sociales. A esta terna de prioridades, se une este año el acceso a la vivienda como necesidad social. De esta manera, el Servicio Canario de Salud crece en 220 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,04%. Por su parte, el incremento en Educación se sitúa en el 2,93% con 61 millones más respecto al ejercicio anterior lo que hace un total de 2.154 millones de euros; mientras que la partida destinada a Bienestar Social asciende a 762 millones de euros, casi 59 millones de euros más, lo que supone un incremento del 8,37% respecto a 2024. Respecto a la vivienda, el Instituto Canario de la Vivienda refleja un incremento del 11,15%, con una partida de 172 millones de euros.

La consejera de Hacienda, Matilde Asián, ha afirmado que son unos presupuestos «prudentes« para preservar el equilibrio estructural y el cumplimiento de las reglas fiscales, pues advirtió que unas previsiones optimistas podrían conllevar a hacer correcciones o retenciones de no disponibilidad en 2025.

Asimismo, indicó que se sigue manteniendo el diferimiento puntual y temporal de la política de reducciones fiscales sustanciales para ayudar a familias y empresas hasta que las incertidumbres se despejen y se puedan conocer con exactitud los recursos disponibles para 2025 y las reglas aplicables a la gestión presupuestaria.

La consejera hizo hincapié en que, a pesar de que el Gobierno central no ha aprobado la senda de consolidación y desconocer algunas de las magnitudes necesarias para la elaboración del marco presupuestario, el Gobierno de Canarias ha actuado con cautela para preservar el equilibrio estructural y el cumplimiento de las reglas fiscales, dando prioridad absoluta a los servicios esenciales.

A su juicio, todas las administraciones públicas «deberían tener un presupuesto o al menos intentarlo»; por eso espera que el Gobierno del Estado «también lo pueda tener para que las incertidumbres que tiene este presupuesto, y que hábilmente han trabajado desde la consejería de Hacienda, puedan ser despejadas y puedan verse mejorados si hubiera unas cuentas públicas estatales«.

Matilde Asián ha insistido en que este proyecto de presupuestos es «riguroso» y se ajusta a las reglas de estabilidad previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Por ello, como criterio para su elaboración se ha tomado la última referencia del Programa de Estabilidad del Reino de España, que establece un superávit del 0,1% del PIB para las comunidades y se ha aplicado la tasa de referencia del 3,2% para el límite del crecimiento del gasto computable. A este respecto, la consejera se ha vuelto a referir a la imposibilidad de crecer más de ese porcentaje, independientemente de cuáles sean las cifras de recaudación de la comunidad autónoma, debido a la regla del gasto.

En relación a la política fiscal, el presupuesto de 2025 incluye reducciones en materia de IRPF al establecerse una mejoría general de las deducciones, con incrementos de las cuantías y de los contribuyentes que se pueden beneficiar. También se suprime la deducción por alza de precios, compensando esta eliminación con medidas de ahorro fiscal como el aumento de las cuantías del mínimo personal y familar; así como la deflactación de la tarifa autonómica en todos los tramos.

También hay novedades en el impuesto del Combustible y derivados del petróleo ya que se determinará la cuantía a devolver a agricultores y transportistas en base al consumo real del combustible y, además, se les permite compatibilizarlos con la bonificación en las islas no capitalinas. Asimismo, se crea el régimen especial de gasóleo industrial para mejorar la aplicación del tipo reducido de este carburante.