La Audiencia sienta al magnate canario Miguel Ángel Ramírez en el banquillo por defraudar 36,6 millones

Está previsto que el juicio se prolongue al menos 9 jornadas, donde se decidirá la responsabilidad del empresario, para el que la Fiscalía pide 21 años y seis meses de prisión, así como a multa de hasta 105 millones de euros, mientras que el sindicato denunciante Unión Sindical Obrera (USO) reclama una condena de 37 años de cárcel y 227 millones de euros de multa.

Entre los acusados por el fraude cometido a la Seguridad Social y Hacienda a través de su empresa Seguridad Integral Canaria (SIC) entre los años 2009 y 2017, también figura el que fuera administrador de Seguridad Integral Canaria Héctor de Armas, un presunto 'testaferro' del empresario que ejerció entre 2011 y 2017. La Fiscalía pide para de Armas 14 años de prisión y multa de 79,3 millones de euros, que la acusación particular que ejerce el sindicato eleva a 29 años de prisión y 208,5 millones de euros.

Hace más de 11 años que este fraude fue denunciado por el sindicato, en una causa compleja que fue «contaminada» por varios de los instructores, entre ellos el magistrado Salvador Alba.

Impagos, pagos fuera de nómina, y hasta varios meses sin cobrar fueron solo algunas de las irregularidades que durante años denunciaron los cerca de 2.300 trabajadores que llegó a emplear en las islas el empresario grancanario. Miguel Ángel Ramírez llegó a contar con empresas en diferentes sectores, desde la atención a domicilio y atención a mayores, hasta seguridad privada, área con la dio el salto a la Península en la etapa del político del PP José Manuel Soria como ministro de Industria, cuando firmó contratos de Defensa, de Patrimonio Nacional y del Metro de Madrid para seguridad privada con SIC y más de 5.000 empleados.

Seguridad Integral Canaria entró en 2017 en concurso de acreedores, entre otros motivos, por la sanción interpuesta por el Tribunal Supremo, que anuló su política de salarios bajos y le obligó a pagar los estipulados en el convenio colectivo nacional. La empresa de Ramírez había ganado numerosas licitaciones públicas al evadir el convenio nacional de la seguridad privada y ajustar a su empresa Seguridad Integral Canaria de un convenio laboral particular de empresa, con salarios muy inferiores.

No solo incumplió el convenio, sino que el empresario realizaba pagos de horas extra extraordinarias fuera de nómina, escudada en conceptos no cotizables y como versa la denuncia «en claro fraude de ley». La plantilla afectada por estas irregularidades es de más de 1.200 trabajadores. La empresa no documentaba dichas horas extra, ya que las abonaba por separado teniendo cada trabajador dos abonos por cantidades diferentes con un modus operandi mediante el cual el directivo evadía a Hacienda los rendimientos de trabajo.

Además, no ingresaba en tiempo y forma las cuotas correspondientes, y se estima que la defraudación en el defecto de retenciones de IRPF podría ser superior a los 100.000 euros anuales en apenas 16 de los trabajadores analizados en la querella.

Estos pagos irregulares se realizaban en conceptos como 'A cuenta pagas extraordinarias', o 'Dietas y kilómetros' en metálico o en talones bancarios. Tan solo en 16 nóminas analizadas, la cantidad defraudada al mes asciende a más de 9.300 euros.

En concepto de dietas, algo que cobraba el 90% de la plantilla, hubo 171 trabajadores en 2008 y 142 trabajadores en 2009 que cobraron más de 10.000 euros, y solo en esos dos años las cantidades sobre las que no se practicó retención superan los 8,4 millones y 8,5 millones respectivamente.

Miguel Ángel Ramírez ya fue condenado a tres años de cárcel por la Audiencia de Las Palmas en 2011 por realizar unas obras consideradas ilegales en la finca de su vivienda dentro de un espacio protegido, el paraje de Pino Santo, en Gran Canaria, que nunca llegó a cumplir.