Asociación de la Guardia Civil arremete contra la renovación de Marlaska: «No ha estado a la altura»

Denuncian «asuntos pendientes de gran calado» que afectan a la vida social, económica y profesional de los guardias civiles como el acuerdo de equiparación salarial hasta el reconocimiento del colectivo como grupo de riesgo para una jubilación similar al resto de cuerpos policiales, la implementación de una jornada laboral digna y la remuneración adecuada mediante sistemas de productividad, así como la aplicación del Código Penal Militar mientras se realizan funciones policiales, la declaración de Zona de Especial Singularidad o la búsqueda de una segunda generación de derechos para los guardias civiles donde puedan expresar sin limitaciones sus demandas y reclamaciones en el seno del Consejo de la Guardia Civil.

También han subrayado los últimos casos de corrupción en el seno del Cuerpo donde «presuntamente existen altos mando implicados». A juicio de la asociación «no se han tomado medidas efectivas que en un futuro eviten la corrupción» y «existe una fractura en la comunicación entre la dirección actual del Cuerpo y las asociaciones profesionales«.

Desde AUGC reclaman al ministro del Interior el nombramiento de un nuevo director general que «esté verdaderamente comprometido» con abordar estas preocupaciones y «una nueva gobernanza en el seno de la institución«, así como «un verdadero órgano colegiado que ejerza sin cortapisas las funciones que le encomienda la Ley».

Por su parte, el Sindicato Unificado de Policías (SUP) ha pedido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, un «cambio de rumbo» que mejore la interlocución en un contexto que la mayoría ve con «incertidumbre« por los pactos firmados por el PSOE con partidos independentistas y nacionalistas para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Denuncian que no se ha sentado directamente con las organizaciones representativas, por lo que le exigen que lo haga «de forma inmediata» para abordar una Ley de Retribuciones, como se pactó en el Acuerdo de Equiparación Salarial de 2018, para evitar las diferencias con policías autonómicas.

«Le instamos a que frene la esquizofrénica decisión de ceder Vía Laietana a quienes calumnian a la Policía«, ha añadido el SUP, en referencia a que el Gobierno en esta legislatura acepte que la sede de la Jefatura Superior en Barcelona --lugar de los disturbios al conocerse en 2019 la sentencia del 'procés'-- pase a ser un museo de la memoria de los represaliados del franquismo, como piden los partidos independentistas.

El SUP también quiere «reforzar el principio de autoridad« para evitar que las personas que agreden a los agentes no reciban castigo penal ya que para el sindicato ahora »tiene la oportunidad en esta nueva etapa de revertir la inoperancia de la anterior, la cual calificamos de negativa«, ha añadido este sindicato, que pide que atienda sus demandas en cuestiones como los dispositivos desplegados por la llegada de pateras a Canarias.

El juez Fernando Grande-Marlaska se convertirá en el ministro del Interior más longevo de la democracia, ya que lleva ya cinco años en el cargo, desde el primer Gobierno formado en 2018 por Pedro Sánchez, y repetirá al frente de una cartera de Estado pese a las críticas constantes de la oposición de PP y Vox y a veces desde socios parlamentarios del PSOE, especialmente ERC y EH Bildu.

Grande-Marlaska superará a José Barrionuevo y José Luis Corcuera, ambos ministros del Interior con Felipe González en los años 80. En 2018 sorprendió su inclusión al ser un juez que había promocionado hasta entonces gracias al respaldo del PP.