Amnistía Internacional denuncia «violencia y castigos excesivos» contra menores en centros de acogida de Canarias

Según la organización, varios de los menores con los que habló Amnistía Internacional relataron haber presenciado o sufrido represalias por trabajadores de los centros, incluyendo castigos, la privación de comida, retirada del abono transporte o confiscación de sus teléfonos o del dinero de bolsillo, que luego no les era devuelto. También hablan de amenazas de traslados a centros concretos que los chicos entrevistados identificaron como lugares donde las condiciones de vida eran muy malas o el trato por parte de los trabajadores no era adecuado.

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«He presenciado insultos y, en ocasiones, parece que cuando el educador es buena gente lo echan del centro», ha argumentado Oumar, de 19 años y que durante los tres años que estuvo en el sistema de protección de menores, pasó por tres centros.

La organización pide mejoras para garantizar que se realice un estudio individualizado de la situación de los acogidos, para asegurar que las decisiones que se adopten tanto a corto como a largo plazo, estén guidas por el principio del interés superior del menor.

Para la organización, la «saturación» en los 82 centros que actualmente forman la red canaria no es la única dificultad para crear hogares para ellos. La entidad considera que falta formación adecuada de la Policía en materia de asilo, de asistencia letrada y de interpretación de calidad. «La falta de identificación de vulnerabilidades o la descoordinación existente ha privado a menores no acompañados refugiados de la posibilidad de solicitar protección internacional de una manera pronta y efectiva», añade.

Entre otras peticiones, la organización ha señalado como urgente que se garantice un sistema de inspección y control de los centros residenciales; un estudio individualizado de la situación del menor no acompañado para asegurar que las decisiones estén guiadas por el principio del interés superior del niño.

Ante estas declaraciones, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias de Canarias, Candelaria Delgado, ha afirmado que se trata de casos "puntuales".

Ha hecho especial hincapié en que "aquellas cuestiones que han sucedido puntualmente en algún centro se han denunciado en Fiscalía, ésta ha hecho su trabajo y se han apartado a los trabajadores". Ha señalado que "si estamos hablando del maltrato porque los centros están hacinados, es algo que venimos denunciando desde el minuto uno y por eso necesitamos el reparto urgente entre todas las comunidades autónomas", concluyó.

Ha expuesto que agencias como ACNUR, UNICEF Internacional, UNICEF España o Save the Children han estado trabajado con el Gobierno de Canarias en los centros y "saben de las dificultades" que tiene la CCAA para atender a los más de 5.800 menores que tutela en solitario. No obstante, Delgado hizo especial hincapié en el esfuerzo que está haciendo el Ejecutivo regional para asistirles de la manera más digna posible, recordando que han contratado a 39 personas entre trabajadoras sociales y administrativos.