Las ampas llevan a la Consejería de Educación ante la UE

Presentarán una queja formal contra los recortes económicos y la falta de profesores

R.C.
SANTA CRUZ DE TENERIFE Actualizado:

La enseñanza en Canarias no funciona desde hace tiempo. Lo ha diagnosticado recientemente el informe Pisa correspondiente a 2009 y lo constatan cada día los usuarios y agentes del sistema público. Hasta tal punto que las asociaciones de padres y madres de alumnos Coordinadas de Tenerife (ACTF) desde la Iniciativa en Defensa de la Enseñanza Pública Canaria (IDEPC), van a acudir a la Unión Europea para presentar una queja contra la supuesta vulneración de derechos, principalmente por los recortes y presupuestarios y la «nefasta» política de sustituciones del profesorado.

Este colectivo remitirá el documento, además, a la Defensora del Pueblo de España, el Defensor del Pueblo Europeo y el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo. Asimismo, la plataforma convoca a la sociedad canaria a una manifestación «por una educación pública de calidad», que se celebrará este jueves en Santa Cruz de Tenerife (Plaza Weyler) a partir de las 18:00 horas. ACTF considera que la enseñanza pública canaria en el tercer trimestre de este curso 2010-2011 «no es mejor que en los trimestres precedentes y la escuela pública sufre los efectos de los recortes del presupuesto para educación efectuado por el Gobierno de Canarias en 2010 y 2011».

En esa línea destacan que, «posiblemente quien más está sufriendo esos efectos sea el alumnado, como consecuencia de la nefasta política de sustituciones que ha desarrollado y sigue desarrollando la Consejería de Educación».

Las Ampas además plantean que ahora es tiempo de «seguir denunciando la política cicatera de la Consejería de Educación respecto a la escuela pública». A su juicio, «cualquier despliegue de frases en defensa de la educación pública por su parte será incapaz de esconder los hechos: los dos últimos años el presupuesto dedicado por el Gobierno de Canarias a educación ha sufrido recortes nunca vistos en la historia de la Comunidad; la política de cobertura de bajas supone un atentado contra el derecho a la educación de todo el alumnado, aparte de los desmanes cometidos, entre otros ámbitos, en la Formación Profesional, en la enseñanza oficial de idiomas o en la formación musical superior».

Responsabilidades

La plataforma expone también en un comunicado que las actitudes que han desplegado los responsables políticas de la Consejería de Educación evidencian una «falta de respeto» a los miembros de la comunidad educativa, «tratando a las familias como si fuéramos ignorantes de la responsabilidad de la Administración educativa autonómica sobre la escuela pública, culpabilizando al profesorado, como si quienes solicitan bajas fueran absentistas, y descargando indebidamente en el mismo la responsabilidad que a la administración pública Gobierno de Canarias y Consejería de Educación corresponde, esto es, cubrir las bajas de profesorado que cae enfermo».

Esta plataforma ya ha promovido la presentación en el Parlamento de Canarias de una Iniciativa Legislativa Popular por una Ley Canaria de Educación en febrero de 2011, pero no ha llegado a tramitarse y tendrá que esperar a la próxima Legislatura.