DERRIBOS EN LA COSTA

Afectados de Igueste de San Andrés y Valle Gran Rey acudirán a la UE

SANTA CRUZ DE TENERIFE Actualizado:

Los afectados por la aplicación de la Ley de Costas en Igueste de San Andrés (dentro del municipio de Santa Cruz de Tenerife) y de Valle Gran Rey han acudido al Parlamento Europeo para evitar cumplir esta norma. El caso de estos dos núcleos costeros es bien distinto a lo ocurrido en otras zonas como Cho Vito, en Candelaria, o el poblado de pescadores de Rojas, en El Sauzal; donde las viviendas estaban en el dominio público, es decir, la misma costa.

La Ley de Costas, de 1988, establece dos zonas distintas a las que afecta: el dominio público (que identifica con la misma costa, limitándola hasta allá donde hayan llegado las mareas más grandes que se conozcan) y la servidumbre de protección. Esta última situación es en la que se encontrarían las viviendas de Igueste de San Andrés y Valle Gran Rey. En ambos casos, la continuación de las construcciones que existiesen con anterioridad de la Ley depende del Gobierno de Canarias, que en varias ocasiones ha expresado su intención de no hacer derribos. Las viviendas dentro de servidumbre de protección, eso sí, no pueden ser ampliadas y tan sólo admiten reformas para su mantenimiento, como si estuviesen en situación de fuera de ordenación.

Respecto a la extensión de la servidumbre, depende de la situación de las viviendas en 1988, cuando se promulgó la ley. Si entonces estaban construidas dentro de núcleos urbanos consolidados, la zona de servidumbre se extiende solo durante 20 metros. Sin embargo, donde no había núcleos urbanos consolidados, la servidumbre es de 100 metros.

1.100 viviendas afectadas

La Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas cifra en 1.100 viviendas las afectadas en los 40 poblados marineros en Canarias. Su abogado, José Luis Langa, criticó ayer en una rueda de prensa «la aplicación de la Ley de Costas que está suponiendo la confiscación de las propiedades de las personas por parte del Estado, en muchos casos sin ninguna compensación».

Respecto a la situación de Igueste de San Andrés, el asunto ha llegado a la Audiencia Nacional, donde Langa intentará que el deslinde llegue hasta los 20 metros.