Vuelta al insularismo

El proceso autonómico, con sus luces y sombras, ha supuesto avances en estos ámbitos. La capacidad para gobernar las políticas desde aquí ha sacado del olvido a las islas no capitalinas, mejorado mucho las infraestructuras (puertos, aeropuertos, carreteras…) y servicios de todo tipo en el conjunto de Canarias y reducido los enormes atrasos que teníamos en materia educativa o sanitaria . Y, por primera vez en su historia, Canarias dispone de instituciones democráticas archipielágicas: su Gobierno y su Parlamento.

Así como ha posibilitado avanzar en la conciencia de ser canario, más allá de la pertenencia, de la natural y lógica vinculación a cada una de las islas. Y la proyección de la imagen de Canarias en el resto del Estado y en el mundo.

Queda mucho por hacer. Junto a los avances hemos vivido retrocesos importantes en el período reciente. Por las políticas de austeridad y recortes impuestas por el Gobierno del Estado y aplicadas miméticamente por el Ejecutivo canario (alardeando, incluso, de ser los campeones del déficit), que han restado recursos a los servicios públicos y a las infraestructuras.

Esta legislatura autonómica está siendo una etapa de retrocesos en la unidad de Canarias. Con vueltas poco disimuladas a planteamientos insularistas que se suponían razonablemente superados. Ya desde el arranque, cuando en la sesión de investidura el hoy presidente rechazó de forma categórica la reforma del injusto sistema electoral canario, señalando que “rompería” Canarias .

No es razonable afirmar que más democracia, reducir las barreras o mejorar la proporcionalidad, rompan la Comunidad Canaria. Más bien todo lo contrario. El actual sistema se usa para estrechos fines partidistas y rebaja la calidad de la democracia en las Islas. Tuvo sentido en el inicio del proceso autonómico pero hoy toca cambiarlo para mejorarlo.

Y si el arranque fue malo, nefasto fue su segundo capítulo: el reparto del IGTE. Primero, al decidir que no fuera dedicado a las necesidades prioritarias en sanidad, educación o servicios sociales. Y, además, por la perversa propuesta realizada por el titular del Ejecutivo: hacer el reparto sobre la base de la triple paridad . Es decir, al margen de la población, del paro o de la pobreza, al margen de las necesidades territoriales y ciudadanas. Perjudicando a la inmensa mayoría para beneficiar a su formación política y a posibles aliados de la misma. Obviando las enormes carencias de los servicios públicos.

Además, en este proceso ha jugado un papel muy relevante el actual presidente del Cabildo de Tenerife que ha resucitado y recuperado las banderas y la esencias pleitistas. Denunciando infundados desequilibrios (y dejando interesadamente de lado otros reales y demostrables) en carreteras de los que responsabiliza a la actual consejera del ramo, que lo es desde hace apenas un año . Negociando por su cuenta con el Estado esta competencia autonómica, que no insular. Y el presidente canario lo apoyó frente a su consejera.

Olvidando que la responsabilidad máxima de los recortes en esta materia es del Gobierno del Estado. Y, asimismo, que en la mayor parte del proceso autonómico CC ha gobernado Canarias y el Cabildo de Tenerife.

En los frecuentes enfrentamientos de Alonso con departamentos autonómicos dirigidos por el PSOE, el presidente canario siempre ha tomado partido por el Cabildo tinerfeño, estando a un tris de cesar a la consejera de Obras Públicas. Situación inaudita y que solo puede darse en esta Canarias fraccionada y sin proyecto global. A lo que ayuda la actual debilidad y desnorte del PSC-PSOE.

Proyecto nacional

Esa visión reduccionista y ajena por completo a una visión nacional canaria se da, también, en la cada vez más contestada ley del suelo. En su formulación se abandona el proyecto colectivo de Canarias, derogando la mayor parte de las directrices generales de ordenación y renunciando a las competencias del Gobierno. debilitando a los cabildos insulares y dando todo el poder a los entes locales. Un fraccionamiento que debilita el proyecto común y coloca los recursos territoriales y ambientales en función de la coyuntura económica.

De enorme gravedad es haber incluido parte del articulado de la ley del suelo en la modificación puntual de la ley 6/2002 sobre Medidas de Ordenación Territorial de la Actividad Turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma. Facilitando, hoy y mañana, barra libre de hoteles y campos de golf.

Se impone una visión cantonalista de Canarias que el presidente expresó, asimismo, cuando planteó que la propuesta de tasa turística de Nueva Canarias sea aplicada por los cabildos, de forma provocativa y pleitista. Lo que es de más que dudosa legalidad y, además, abriría las puertas a que la fiscalidad no fuera un asunto canario sino de naturaleza insular.

Frente a esos planteamientos, divisionistas y de fraccionamiento, impulsados por la dirección de CC y por el presidente del Gobierno, desde Nueva Canarias defendemos un proyecto común de construcción nacional. Mejorando la democracia. Volcado en lo social y en la equidad de todos los habitantes de Canarias al margen de su condición social y de su lugar de residencia. Respetuoso con el territorio y el medio natural que deben heredar en las mejores condiciones las próximas generaciones.

Una Canarias donde el Parlamento y el Gobierno, las instituciones básicas y comunes de todos los hombres y mujeres de esta comunidad, determinen, desde el respeto a las singularidades de las islas y las comarcas, una política territorial, ambiental, social, económica, de transportes o fiscal para todos los canarios.

(*) Román Rodríguez fue presidente del Gobierno de Canarias entre 1993 y 2003. Es presidente y portavoz parlamentario de Nueva Canarias.